La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió reactivar la orden de aprehensión emitida en 2021 contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por su presunta participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Durante la sesión del Pleno, las y los ministros aprobaron por unanimidad el proyecto presentado por la ministra Lenia Batres Guadarrama, mediante el cual se revocó el amparo que impedía la ejecución de la orden. No obstante, varios integrantes del tribunal formularon observaciones respecto a la metodología utilizada, mismas que serán consideradas en la redacción final de la sentencia.
La Corte determinó que el juez de distrito que concedió el amparo excedió los alcances del control constitucional al analizar de fondo los datos de prueba, cuando esa valoración corresponde a la etapa procesal penal.
Con esta decisión, el máximo tribunal estableció un criterio relevante: para librar una orden de aprehensión dentro del sistema penal acusatorio no se requiere prueba plena, sino datos suficientes que permitan suponer razonablemente la comisión de un delito y la posible participación del imputado.
Debate en el Pleno
La ministra Yasmín Esquivel Mossa expresó reservas sobre la metodología del proyecto, aunque votó a favor del sentido de la resolución. Señaló que la Corte debe evitar sustituir al juez de control en funciones que le corresponden dentro del proceso penal, a fin de salvaguardar el derecho al juez natural y el debido proceso.
Origen de la investigación
El caso se remonta a denuncias presentadas en 2020 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía General de la República (FGR), relacionadas con presuntas irregularidades financieras.
De acuerdo con las investigaciones, existirían indicios de triangulación de recursos mediante contratos de obra pública, transferencias entre empresas y operaciones inmobiliarias. Entre los elementos señalados se mencionan discrepancias contables, reportes de operaciones financieras inusuales en el extranjero y movimientos bancarios vinculados a personas cercanas.
Antecedentes judiciales
En 2021 la Cámara de Diputados aprobó el desafuero del entonces gobernador. Posteriormente se emitieron órdenes de aprehensión que fueron impugnadas y suspendidas en distintas etapas judiciales.
Tras concluir su mandato en septiembre de 2022, se giró una nueva orden de captura. El exmandatario promovió un amparo que le fue concedido en 2023; sin embargo, la fiscalía impugnó la decisión.
Finalmente, en octubre de 2025, la SCJN resolvió el amparo en revisión y negó la protección constitucional, con lo que la orden de aprehensión podrá ejecutarse una vez que se formalice y notifique la sentencia correspondiente.
