La región fronteriza del sur de México enfrenta una crisis de combustible que se ha agravado en los últimos días debido a una manifestación de jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex).
El grupo, integrado por 425 ex trabajadores que representan a unas 180 familias, bloqueó el acceso a la terminal de Pemex en Puerto Chiapas como medida de presión para exigir la restitución de sus servicios médicos y el suministro de medicamentos, suspendidos desde hace meses. Los inconformes advirtieron que, si no reciben respuesta a sus demandas, extenderán la protesta de forma indefinida a partir del jueves.
Esta situación ha forzado el cierre de algunas estaciones de servicio y ha llevado a otras a racionar el combustible, limitando la venta a 20 litros por vehículo. El escenario ha provocado largas filas y compras de pánico entre los automovilistas, quienes intentan asegurar el abastecimiento antes de que empeore la escasez.
De acuerdo con los manifestantes, la falta de atención médica y las carencias en hospitales llevan más de un año sin resolverse. Además, sostienen que la crisis de combustible no es nueva y que la falta de pago a transportistas ha reducido el número de camiones cisterna en operación, afectando el suministro desde antes de la protesta.
Para atender la complicada situación financiera de Pemex, el Gobierno de México anunció la creación de un mecanismo de financiamiento por hasta 250 mil millones de pesos. Estos recursos estarán destinados a proyectos estratégicos de la petrolera y al pago de proveedores, con respaldo del Gobierno Federal.
