La Procuraduría General de Colombia solicitó al Tribunal Superior de Bogotá dejar sin efecto la condena de 12 años de prisión domiciliaria impuesta al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Según el organismo, el fallo presenta inconsistencias en la valoración de pruebas y errores en la aplicación de la ley.
La petición, presentada por el procurador delegado Bladimir Cuadro, pide revocar la sentencia que declaró culpable al exmandatario por los delitos de soborno y fraude procesal. Este pronunciamiento se convierte en una de las primeras reacciones institucionales tras el histórico veredicto emitido el pasado 28 de julio.
Ese día, Uribe se convirtió en el primer expresidente colombiano condenado penalmente, luego de que la jueza Sandra Heredia concluyera que, a través de su abogado Diego Cadena, intentó convencer a exparamilitares para que modificaran o retiraran testimonios que lo vinculaban con grupos armados ilegales.
La Procuraduría, sin embargo, sostiene que la evidencia presentada en el juicio no fue lo suficientemente sólida para desvirtuar la presunción de inocencia. Además, el recurso de apelación cuestiona el uso de conversaciones telefónicas entre Uribe y su abogado, alegando que están amparadas por el secreto profesional.
Con esta acción, el Ministerio Público busca que el tribunal reevalúe el caso, en medio de un debate nacional sobre las implicaciones políticas y jurídicas del proceso contra el exmandatario.
