El gobierno de Honduras contrató al influyente bufete de abogados Arnold & Porter antes del juicio que acabó con la condena a cadena perpetua por narcotráfico de Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del presidente de ese país, Juan Orlando Hernández, a quien el juez implicó en la causa.
El bufete intentó influir a los fiscales del caso para evitar el fallo contra el acusado.
El despacho Arnold & Porter tiene como socio a John B. Bellinger III, ex asesor legal del Departamento de Estado (DOJ) en la presidencia de George W. Bush y además allí trabajó el actual Fiscal General de EE.UU., Merrick Garland.
Según los fiscales del caso, los letrados contratados por Honduras actuaron como lobistas para advertirles de “consecuencias colaterales” por el proceso en las relaciones con Honduras en relación con las bases militares de EE.UU. en el país, así como “asuntos migratorios no relacionados”.
Arnold & Porter, en nombre del gobierno hondureño, intentó desacreditar el valor de algunos testigos e hizo cabildeo con otros departamentos del gobierno de Donald Trump tras mantener contactos con el Consejo de Seguridad Nacional, según los documentos legales derivados del proceso contra Tony Hernández.
Manifestantes a las puertas del tribunal neoyorquino pidieron la “extradición del narco presidente” de ese país.
