Dos importantes organizaciones dedicadas a la protección de periodistas han advertido sobre un marcado retroceso en la libertad de prensa en El Salvador, señalando bloqueos en el acceso a la información pública, intimidación a medios y espionaje a comunicadores.
Durante una visita conjunta realizada entre el 9 y el 11 de septiembre, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) concluyeron que el gobierno de El Salvador está limitando severamente el acceso a información pública, ejerciendo presión sobre los medios independientes y utilizando tecnologías de espionaje para vigilar a periodistas.
“El acceso a la información pública está fuertemente restringido, y el instituto encargado de garantizar este derecho ciudadano ha sido debilitado”, indicaron las organizaciones en su informe. Además, la falta de transparencia ha generado un ambiente de opacidad que afecta no solo a la prensa, sino también a la sociedad civil.
El reporte también resalta un aumento en la estigmatización y acoso hacia los periodistas, atribuido tanto a funcionarios del gobierno, como al propio presidente Nayib Bukele. “Se ha creado una narrativa hostil hacia los medios, y se observa un esfuerzo sostenido por deslegitimar el trabajo periodístico a través de campañas de descrédito”, añadieron.
Los representantes de SIP y CPJ se reunieron con diversos actores del ámbito periodístico, académico y diplomático. Algunos periodistas, ante el clima de persecución, han optado por abandonar el país, mientras que otros han dejado la profesión por temor a represalias. Desde el inicio del estado de emergencia, se han restringido derechos constitucionales, lo que ha intensificado el ambiente de autocensura e intimidación.
El uso del software espía Pegasus, empleado entre 2020 y 2021 contra 35 periodistas, ha exacerbado la preocupación por la privacidad y seguridad de los reporteros. Medios como El Faro y Gato Encerrado fueron objetivos de estas acciones de vigilancia ilegal, según el informe.
A pesar de las alarmantes denuncias, el gobierno salvadoreño, a través de su comisionado para Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán Caballero, negó que exista persecución contra la prensa. Guzmán también cuestionó las estadísticas de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), que reportó 311 agresiones contra periodistas en 2023, calificando sus métodos como poco confiables.
La delegación de SIP y CPJ incluyó a figuras prominentes como Roberto Rock, presidente de la SIP y director de La Silla Rota en México, y Cristina Zahar, coordinadora del programa de América Latina del CPJ, quienes reiteraron la urgencia de proteger la libertad de prensa en el país.
