Buenos Aires.
El gobierno del presidente argentino Javier Milei se prepara para presentar una reforma laboral integral que busca “modernizar” las relaciones de trabajo en el país. Sin embargo, el proyecto ya enfrenta una fuerte oposición sindical, en medio de una economía marcada por la alta informalidad y la pérdida de empleos tanto en el sector público como privado.
Milei, quien asumió la presidencia a finales de 2023, enviará el proyecto al Congreso Nacional después del 10 de diciembre, fecha en la que se renovará la composición legislativa tras el triunfo oficialista en las elecciones de octubre.
Según fuentes del Ejecutivo, la iniciativa busca “eliminar las rigideces que impiden la creación de empleo” y “simplificar normas y procesos” para facilitar la contratación y la formalización de los trabajadores.
Entre los puntos centrales, el Gobierno plantea que los acuerdos laborales por empresa tengan prioridad sobre los convenios sectoriales, lo que permitiría adaptar los contratos a la realidad económica de cada compañía. También se propone que las negociaciones salariales consideren las diferencias regionales y la sostenibilidad económica de las empresas, dejando atrás el modelo tradicional de ajuste basado en la inflación.
El Ejecutivo sostiene que este cambio fomentará un esquema que premie el mérito y la productividad.
Otro aspecto relevante del proyecto es la posibilidad de pactar salarios en distintas monedas y la implementación de un “banco de horas”, mediante el cual las horas extras podrían compensarse con días libres en lugar de pagos adicionales.
No obstante, las principales centrales sindicales argentinas, vinculadas históricamente al peronismo, expresaron su rechazo al considerar que la propuesta representa un retroceso en los derechos laborales. Si bien reconocen la necesidad de actualizar ciertos acuerdos —como incorporar el teletrabajo o la digitalización—, advierten que los cambios propuestos debilitarían el rol de los gremios y dejarían a los trabajadores más expuestos ante las empresas.
El dirigente Mariano Moreno, del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, señaló que la reforma “precariza al trabajador” y que no existe un plan productivo sólido que acompañe los cambios. “Una reforma laboral sin un proyecto productivo no genera empleo”, advirtió, subrayando que las políticas actuales ya han causado cierres de empresas y despidos masivos.
Desde el ámbito económico, el analista Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), expresó preocupación por la figura del ‘banco de horas’ y los ‘salarios dinámicos’, que podrían derivar en negociaciones individuales y mayores desigualdades.
Según datos del CEPA, desde el inicio del gobierno de Milei hasta julio pasado cerraron más de 18.000 empresas y se perdieron más de 250.000 empleos formales, además de casi 58.000 puestos públicos hasta agosto. Actualmente, la informalidad laboral alcanza el 42 % y el desempleo se ubica en 7,6 % en el segundo trimestre del año.
