En un giro inesperado de los acontecimientos en Centroamérica, Costa Rica, Ecuador y República Dominicana han alzado sus voces en un frente común contra las recientes acciones del gobierno nicaragüense. Estos tres países latinoamericanos han emitido un comunicado conjunto que no deja lugar a dudas sobre su postura: califican de “arbitraria e ilegal” la controversial decisión del presidente Daniel Ortega de despojar de su nacionalidad a un grupo de opositores políticos recientemente liberados.
El epicentro de esta tormenta política se remonta al 5 de septiembre, cuando el gobierno sandinista, en un movimiento que sorprendió a muchos, liberó a 135 prisioneros políticos. Esta excarcelación, mediada por Estados Unidos, culminó con el traslado de los excarcelados a Guatemala, tras negociaciones con el presidente Bernardo Arévalo. Sin embargo, la aparente clemencia se desvaneció rápidamente cuando, apenas una semana después, Ortega no solo revocó la nacionalidad de estos individuos sino que también ordenó la confiscación de sus bienes, argumentando supuestos cargos de “terrorismo”.
Los tres países latinoamericanos, en su declaración, hicieron hincapié en un principio fundamental de los derechos humanos: “De acuerdo con el artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a la nacionalidad y nadie debe ser privado arbitrariamente de esta”. Esta afirmación subraya la gravedad con la que perciben las acciones del gobierno nicaragüense.
Es importante destacar que este no es un caso aislado en la política de Ortega. En febrero de 2023, se produjo una situación similar cuando 222 prisioneros fueron excarcelados y enviados a Washington, solo para ser posteriormente despojados de su nacionalidad. Este patrón de comportamiento ha generado preocupación en la comunidad internacional.
A pesar de la magnitud de estos eventos, el gobierno nicaragüense ha mantenido un llamativo silencio. Hasta la fecha, no se ha proporcionado una lista oficial de los excarcelados, y el presidente Ortega no se ha pronunciado sobre los detalles del proceso que llevó a esta liberación masiva.
Este episodio se enmarca en un contexto más amplio de tensión política en Nicaragua, que se remonta a las protestas de 2018 contra el mandatario sandinista. Ortega catalogó estos acontecimientos como un intento de golpe de Estado, marcando el inicio de una crisis social y política que continúa resonando en la región.
La condena unánime de Costa Rica, Ecuador y República Dominicana pone de manifiesto la creciente preocupación en América Latina por la situación en Nicaragua. Queda por ver cómo evolucionará esta crisis y qué impacto tendrá en las relaciones diplomáticas de la región.
