Este lunes inicia un nuevo capítulo en la controversia política boliviana: Jeanine Áñez, expresidenta interina, se enfrenta a un juicio por la muerte de 10 manifestantes durante la crisis de 2019. El proceso, que se llevará a cabo de forma virtual, podría resultar en una condena de hasta 30 años, según declaraciones del procurador general, César Siles.
Áñez, quien ya cumple una sentencia de 10 años por asumir la presidencia tras la renuncia de Evo Morales, califica el juicio como un “show” y una “cortina de humo” del gobierno actual. La exmandataria, de 57 años, permanece detenida desde marzo de 2021 y ha llevado su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alegando la negación de un juicio de responsabilidades.
El caso se centra en los eventos conocidos como la “masacre de Senkata”, donde manifestantes fallecieron por heridas de bala. Áñez también enfrenta cargos por otro incidente similar en Cochabamba. Estos sucesos se enmarcan en el turbulento período posterior a la renuncia de Morales en 2019, tras 14 años en el poder.
La CIDH ha señalado responsabilidades tanto del gobierno de Morales como el de Áñez en las violaciones de derechos humanos durante la crisis. Sin embargo, mientras Morales ha sido exonerado, Áñez y otros 17 acusados, incluyendo exministros y exjefes militares, enfrentan este proceso judicial.
Este juicio se desarrolla en un contexto de continua tensión política en Bolivia, con Morales ya posicionándose para las elecciones de 2025, en abierta competencia con el actual presidente Luis Arce.
