El principal sindicato de empleados públicos en Argentina, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), inició una huelga de 36 horas en Buenos Aires, exigiendo un aumento salarial y oponiéndose a las políticas de ajuste estatal implementadas por el gobierno de Javier Milei. Los afiliados de ATE se concentraron en el Obelisco y marcharon hacia el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger, una entidad clave en el proceso de desregulación adoptado desde que Milei asumió la presidencia en diciembre.
La huelga de ATE coincide con una protesta de 24 horas del sector transporte, lo que ha generado una paralización casi total de los servicios y reflejado un clima de creciente descontento en el país. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, señaló que la situación se asemeja a un paro general, afectando múltiples sectores en un movimiento unificado contra las políticas del gobierno.
En respuesta, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, calificó a los sindicatos en huelga de “privilegiados” y criticó la medida, argumentando que afecta a quienes desean trabajar. Mientras tanto, ATE sostiene que los empleados públicos han experimentado una pérdida del 34% en su poder adquisitivo desde el inicio del gobierno de Milei debido a la alta inflación. Aunque los salarios del sector público han aumentado un 93,5% en los primeros ocho meses del año, siguen quedando rezagados en comparación con otros sectores y la inflación nacional.
Además, el sindicato ha denunciado despidos masivos en el sector público, atribuidos a las medidas de ajuste adoptadas por la administración de Milei. Se estima que desde el comienzo de su mandato, el número de trabajadores en la Administración pública nacional ha disminuido en casi un 10%, con alrededor de 28,500 despidos. El gobierno también ha anunciado que evaluará la continuidad de aproximadamente 40,000 empleados temporales y fomentará la jubilación anticipada de otros 10,000. Adicionalmente, las posibles privatizaciones de empresas públicas podrían afectar hasta 100,000 empleos en dichas entidades.
