El caso del supuesto secuestro y extradición de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos ha dado un vuelco sorprendente. La Fiscalía General de la República (FGR) de México ha solicitado una orden de arresto contra Joaquín Guzmán López, hijo del famoso narcotraficante “El Chapo” Guzmán, por su presunta participación en estos hechos.
Según un comunicado oficial, Guzmán López está acusado de privar ilegalmente de la libertad a Zambada en territorio mexicano con el fin de entregarlo a las autoridades estadounidenses. Esta acusación se basa en un artículo del código penal mexicano que tipifica el delito de traición.
El caso ha generado controversia por varios motivos:
- Guzmán López, miembro de la facción “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, ya enfrenta cargos en EE.UU. por tráfico de fentanilo.
- La detención de ambos capos el 25 de julio en Texas ha levantado sospechas sobre posibles vínculos entre criminales y políticos mexicanos.
- La investigación del asesinato de Héctor Melesio Cuén, un político local supuestamente involucrado en el secuestro de Zambada, ha sido cuestionada por la FGR debido a inconsistencias en el manejo de pruebas por parte de la fiscalía de Sinaloa.
- Zambada alega en una carta que fue secuestrado durante una reunión a la que supuestamente asistirían el gobernador de Sinaloa y Cuén.
Este giro en los acontecimientos ha intensificado el escrutinio sobre las relaciones entre el crimen organizado y las autoridades en México, planteando serias dudas sobre la integridad de algunas investigaciones locales y la complejidad de la lucha contra el narcotráfico en el país.
