El departamento de Chocó, en el occidente de Colombia, enfrenta una grave situación humanitaria debido a las acciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Desde el pasado domingo, esta guerrilla ha impuesto un “paro armado” que limita severamente la movilidad de los habitantes de la región.
Según informes de la Defensoría del Pueblo, alrededor de 45.000 personas se encuentran confinadas en sus comunidades. Esta medida afecta principalmente a poblaciones afrodescendientes e indígenas, quienes ven restringido su acceso a servicios básicos como alimentación, salud y educación.
El ELN justifica estas acciones como una medida para proteger a los civiles de posibles enfrentamientos con el Clan del Golfo, un poderoso grupo narcotraficante. Sin embargo, esta situación ha generado una crisis que las autoridades califican como “emergencia humanitaria”.
A pesar del despliegue de 5.000 efectivos militares por parte del gobierno colombiano, la situación persiste. Las restricciones afectan principalmente las vías fluviales de los ríos San Juan, Sipí y Cajón, rutas esenciales para la movilidad de las comunidades rurales.
Este conflicto se desarrolla en un contexto complejo, con diálogos de paz entre el gobierno y el ELN atravesando momentos difíciles. El reciente vencimiento del cese al fuego bilateral ha llevado a la reanudación de operaciones militares contra la guerrilla.
La Defensoría del Pueblo ha reportado que solo en lo que va de 2024, Chocó ha sufrido dos paros armados, sumándose a los seis registrados durante el año anterior. Esta situación pone de manifiesto la persistente inestabilidad en la región y los desafíos que enfrenta Colombia en su búsqueda de paz y desarrollo.
