Un tribunal de El Salvador condenó a 30 años de prisión a una mujer que sufrió una emergencia obstétrica y fue capturada cuando buscó atención médica en un hospital público. Aunque primero la acusaron de abortar, la condenaron por el delito de homicidio agravado, informó la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.
“Esme”, como identifican a la mujer, pasó dos años en detención preventiva mientras continuaba el proceso judicial, separándola de su hija de siete años.
Muchas mujeres acusadas de aborto prefieren que no se divulgue su identidad porque en su mayoría viven en zonas rurales y muchas veces son estigmatizadas.
El caso de “Esme” nuevamente refleja la criminalización de las mujeres que viven en condiciones de pobreza, sin acceso a la educación y servicios de salud.
La legislación salvadoreña penaliza toda forma de aborto, incluso el terapéutico, y castiga tanto a las mujeres como a los médicos que los practiquen. De ser encontradas culpables, las penas varían de dos a ocho años. No obstante, en muchos casos el delito cambia a homicidio agravado por el parentesco de la víctima y las mujeres pueden llegar a ser condenadas a 30 años de prisión.
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