Un equipo de fiscales en Argentina ha solicitado iniciar una investigación penal contra las máximas autoridades del Opus Dei en Sudamérica, quienes dirigieron la organización religiosa entre 1983 y 2015. La acusación se basa en denuncias de trata de personas y explotación laboral, presuntamente afectando a al menos 44 mujeres que fueron reclutadas para realizar tareas domésticas en los centros de la institución.
Las imputaciones incluyen a Carlos Nannei (Vicario de 1991-1997), Patricio Olmos (Vicario de 1998-2014) y Víctor Urtizarrazu (Vicario de 2014-2022), así como a Gabriel Dondo, quien fungió como Secretario Regional a cargo de la Sección Mujeres hasta 2015. Los fiscales María Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, junto con Eduardo Taiano, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional, solicitaron al juez federal Daniel Rafecas que se cite a los acusados a declarar.
El Opus Dei, fundado por el sacerdote español Josemaría Escrivá de Balaguer en 1928, tiene presencia en más de 70 países y cuenta con cerca de 90,000 miembros. Con un estatus especial dentro de la Iglesia Católica, la organización reporta directamente al Papa. Entre sus filas se encuentran tanto laicos como sacerdotes, algunos de los cuales son célibes y otros tienen familias y trabajos seculares. Sin embargo, las denuncias que han surgido en Argentina cuestionan la manera en que algunas mujeres han sido tratadas dentro de esta estructura religiosa.
Según la investigación iniciada en 2022, las mujeres —la mayoría de ellas niñas y adolescentes de bajos recursos— fueron reclutadas con la promesa de recibir educación y formación profesional. No obstante, una vez dentro del Opus Dei, se las obligaba a realizar labores domésticas en condiciones que los fiscales han equiparado con la servidumbre. Este grupo, denominado “numerarias auxiliares”, estaba sometido a un régimen estricto de control que abarcaba tanto su vida personal como profesional.
“Negamos categóricamente las acusaciones de trata de personas y explotación laboral”, afirmó la oficina de comunicación del Opus Dei en Argentina. La organización sostiene que las denuncias desvirtúan la formación recibida por estas mujeres y que las numerarias auxiliares eligen libremente su vocación dentro del grupo religioso.
No obstante, los fiscales han presentado testimonios que detallan extensas jornadas de trabajo sin remuneración, la falta de descanso adecuado y un entorno de violencia física, psicológica y económica. Además, las mujeres afirman que debían devolver cualquier pago simbólico que recibían a las personas responsables de su manutención, y que las condiciones de trabajo carecían de vacaciones y pausas suficientes.
Las denunciantes, cuyas identidades se mantienen en reserva, aseguran que la presión psicológica era una constante. Según el informe, a las jóvenes se les alejaba de sus familias y se les inculcaba que cualquier pensamiento de abandonar la organización era visto como un grave pecado. “El sentimiento de culpa y el miedo eran herramientas de control para mantenerlas dentro del sistema”, detallaron los fiscales.
El caso ha atraído la atención tanto en Argentina como a nivel internacional. Algunas de las mujeres involucradas ya habían presentado sus denuncias ante la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano, pero hasta el momento la Santa Sede no ha emitido un comunicado oficial sobre la situación.
La investigación se ha centrado en cuatro casos que se ajustan a los requisitos legales para ser considerados trata de personas según las leyes actuales. En otros casos, debido al tiempo transcurrido, los delitos habrían prescrito. Los fiscales han argumentado que este patrón de reclutamiento y explotación se extendió durante décadas y afectó a un número significativo de mujeres.
Las autoridades del Opus Dei en Argentina manifestaron que, aunque lamentan llegar a esta situación judicial, consideran que el proceso es necesario para aclarar los hechos y garantizar justicia. “Estamos comprometidos a colaborar con la justicia para resolver esta situación de manera justa y transparente”, señaló la organización en un comunicado oficial.
Ahora, el juez Daniel Rafecas debe decidir si procederá con las citaciones y dará curso a la investigación. Mientras tanto, la atención se centra en el desarrollo de un caso que podría tener repercusiones significativas para la estructura del Opus Dei en Sudamérica.
