El número de personas detenidas por motivos políticos sigue en ascenso en Nicaragua, de acuerdo con organizaciones de derechos humanos, mientras que el gobierno de Daniel Ortega continúa liberando a miles de reclusos comunes, muchos de ellos reincidentes en delitos.
Un reciente informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, una ONG que monitorea la situación carcelaria en el país, revela que se han registrado 52 nuevos arrestos de opositores. De este grupo, 15 son adultos mayores y cuatro son periodistas, según la documentación presentada.
La organización señala que 35 de los detenidos ya han sido condenados por distintos cargos, mientras que 17 aún no han recibido una sentencia formal. Además, 13 personas de la lista son consideradas “desaparecidas”, sin que se conozca su paradero.
El gobierno nicaragüense no reconoce la existencia de presos políticos y sostiene que los arrestados son “delincuentes y traidores a la patria”.
Desde el estallido de las protestas en 2018, que dejaron más de 300 fallecidos y miles de exiliados, la persecución a opositores se ha intensificado, según el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, con sede en Costa Rica. Las organizaciones de derechos humanos denuncian una política de “puerta giratoria”, en la que se excarcela a algunos opositores mientras se detiene a otros nuevos.
En paralelo, el gobierno de Ortega ha liberado a un alto número de presos comunes. Hasta el 14 de febrero de este año, se han registrado 48,964 excarcelaciones en los últimos diez años, de los cuales el 7,18 % ha reincidido en la comisión de delitos, según cifras oficiales.
Nicaragua atraviesa una crisis sociopolítica desde 2018, con sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos y otros países debido a violaciones de derechos humanos.
Durante su visita a Costa Rica, el secretario de Estado Marco Rubio calificó a Nicaragua, junto con Cuba y Venezuela, como “enemigos de la humanidad”, argumentando que estos gobiernos han generado crisis migratorias al restringir libertades y derechos fundamentales.
