La Corte Suprema de Estados Unidos ha confirmado este lunes una resolución que mantiene vigentes las estrictas restricciones sobre los abortos de emergencia en el estado de Texas, uno de los más restrictivos del país en cuanto a la interrupción del embarazo. Sin emitir comentarios adicionales ni disensos públicos, el máximo tribunal dejó sin cambios el fallo de una corte inferior que exime a los hospitales de realizar abortos de emergencia si infringen la legislación estatal.
La administración del presidente Joe Biden había solicitado al tribunal revocar esta decisión, argumentando que la ley federal de salud obliga a los hospitales a realizar procedimientos de emergencia cuando la vida de la madre está en riesgo. Para respaldar su solicitud, el gobierno citó un caso reciente en Idaho, donde la Corte Suprema permitió la realización de abortos de emergencia mientras se resolvía un litigio en curso.
El gobierno federal también señaló una resolución previa del Tribunal Supremo de Texas, donde se indica que los médicos no necesitan esperar hasta que la vida de la mujer corra peligro inminente para proceder con la interrupción del embarazo. Según esta interpretación, la ley de Texas se ajusta a la normativa federal, lo que haría innecesario el fallo restrictivo emitido por la corte inferior.
Sin embargo, el estado de Texas defendió la decisión ante la Corte Suprema de EE.UU., argumentando que su legislación ya contempla excepciones para proteger la salud de la mujer y que, a diferencia de las leyes de otros estados como Idaho, no existe un conflicto con la normativa federal.
A pesar de las aclaraciones legales, muchos médicos continúan considerando que las directrices de Texas son imprecisas y dejan un margen de interpretación peligroso. Aseguran que la falta de claridad ha generado un ambiente de incertidumbre que podría poner en riesgo la atención a mujeres embarazadas con complicaciones graves. En algunos casos, se han reportado incidentes en los que se ha negado atención a pacientes con emergencias médicas, mientras los hospitales intentan determinar si su intervención podría violar las estrictas normativas estatales.
El conflicto legal comenzó después de que la Corte Suprema de EE.UU. revocara la histórica decisión de Roe vs. Wade en 2022, lo que desencadenó una ola de prohibiciones del aborto en varios estados controlados por gobiernos republicanos. En respuesta, la administración Biden emitió una directriz indicando que los hospitales debían seguir proporcionando abortos de emergencia para cumplir con la ley federal de salud, que obliga a atender a cualquier paciente en estado crítico.
Texas, no obstante, presentó una demanda para bloquear dicha directriz, argumentando que no se puede forzar a las instituciones a violar las prohibiciones locales, que contemplan sanciones penales para los médicos que practiquen abortos fuera de las excepciones establecidas. En enero, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito dio la razón a Texas, indicando que el gobierno federal había sobrepasado sus atribuciones.
El debate continúa mientras el país sigue dividido sobre el tema del aborto, con un panorama legal que varía significativamente de un estado a otro, complicando aún más el acceso de las mujeres a servicios de salud seguros y oportunos.
