La próxima comparecencia del expresidente filipino Rodrigo Duterte ante la Corte Penal Internacional (CPI) representa un hito simbólico para las miles de víctimas de la controvertida “guerra contra las drogas” en Filipinas.
Rachel Chhoa-Howard, investigadora de Amnistía Internacional para el Sudeste Asiático, destacó la relevancia de este hecho:
“La comparecencia de Duterte ante la CPI es un momento que muchas familias de las víctimas creían inalcanzable. Este día demuestra que incluso quienes ostentan altos cargos pueden rendir cuentas ante la justicia por los crímenes más graves.”
La CPI acusa a Duterte de asesinato como crimen de lesa humanidad, en el contexto de la ofensiva antidrogas llevada a cabo entre 2011 y 2019. La institución que una vez fue objeto de burlas por parte del expresidente será ahora la encargada de juzgarlo.
Exigen un proceso justo y transparente
Amnistía Internacional ha instado a que el proceso se realice con total transparencia y protección para las víctimas, testigos y familiares. Además, solicitan que se garantice su participación activa en el proceso judicial.
“La rendición de cuentas no debe detenerse aquí. El gobierno filipino debe reincorporarse a la CPI, cooperar plenamente con las investigaciones y garantizar que todos los responsables, sin importar su rango, enfrenten juicios justos,” agregó Chhoa-Howard.
Antecedentes del caso
• Duterte fue detenido el 11 de marzo tras regresar a Manila desde Hong Kong, en cumplimiento de una orden de captura de la CPI.
• El expresidente enfrenta cargos de asesinato como crimen de lesa humanidad, relacionados con miles de ejecuciones extrajudiciales durante su mandato.
• Filipinas formó parte de la CPI desde noviembre de 2011 hasta su retiro en marzo de 2019. Sin embargo, el tribunal mantiene jurisdicción sobre los delitos cometidos en ese periodo.
• Duterte será juzgado en La Haya, Países Bajos, y su primera comparecencia está programada para el 14 de marzo, donde se le informarán los cargos y sus derechos bajo el Estatuto de Roma.
Amnistía Internacional ha documentado numerosas violaciones de derechos humanos durante la “guerra contra las drogas”, y ha sostenido que las ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad alcanzan el umbral de crímenes de lesa humanidad.
