La Administración del expresidente Donald Trump ha presentado una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema para anular las protecciones migratorias temporales que benefician a cientos de miles de venezolanos residentes en Estados Unidos.
El recurso legal busca revertir la decisión tomada al final del mandato del presidente Joe Biden, quien extendió por 18 meses el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para más de 600,000 venezolanos. Esta medida también benefició a 234,000 ciudadanos salvadoreños amparados por un programa similar.
Un juez federal en California había frenado previamente la revocación, señalando posibles motivaciones discriminatorias detrás de la decisión.
En el documento presentado, el fiscal general D. John Sauer argumentó que la determinación de la actual secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, no debería estar sujeta a revisión judicial. “La orden de la corte limita facultades esenciales del poder ejecutivo y detiene decisiones políticas clave en materia de inmigración”, señaló.
La Corte Suprema ha solicitado una respuesta a los demandantes —entre ellos la Alianza Nacional TPS— antes de la próxima semana.
La controversia se intensificó tras las declaraciones de Kristi Noem en Fox News, donde afirmó que anuló la extensión de protección firmada por su antecesor Alejandro Mayorkas. Según explicó, la orden permitía permanecer en el país por 18 meses más a quienes ya estaban bajo TPS, lo cual, a su juicio, contradecía la política migratoria actual.
El TPS otorga residencia legal temporal y autorización de trabajo, aunque no representa un camino directo hacia la ciudadanía. Desde su inicio en marzo de 2021, el programa ha sido ampliado en diversas ocasiones por la Administración Biden, la última de ellas en octubre de 2023, extendiéndolo hasta septiembre de 2025.
Con este nuevo movimiento legal, se vuelve a abrir un debate crucial sobre la continuidad del TPS y su impacto en cientos de miles de familias migrantes.
