Un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos frenó temporalmente el intento del gobierno del presidente Donald Trump de eliminar las protecciones legales que permiten a más de 350 mil ciudadanos de Haití residir y trabajar en el país norteamericano sin riesgo inmediato de deportación.
La corte rechazó una solicitud del gobierno para suspender una sentencia previa que impide al Departamento de Seguridad Nacional poner fin al programa conocido como Estatus de Protección Temporal (TPS) para haitianos. Este mecanismo fue creado en 2010 tras el devastador terremoto que afectó al país caribeño y se ha prorrogado en varias ocasiones debido a la inestabilidad política, la violencia de pandillas y el desplazamiento masivo de personas.
En su resolución, el tribunal señaló que el gobierno federal no logró demostrar que la continuidad del programa causaría un daño irreparable. Según el fallo, esa falta de argumentos es suficiente para negar la solicitud de emergencia que buscaba modificar la situación actual mientras el caso continúa su proceso judicial.
Señalamientos sobre intercambio de datos fiscales
En un tema relacionado con políticas migratorias, la senadora demócrata Elizabeth Warren afirmó que un tribunal federal determinó que el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos compartió de forma indebida información confidencial de contribuyentes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
De acuerdo con la resolución judicial, el organismo fiscal habría transmitido 42 mil 695 registros de datos protegidos, incluyendo direcciones de contribuyentes, lo que generó críticas de organizaciones defensoras de derechos civiles.
La decisión fue emitida por la jueza federal Colleen Kollar-Kotelly, quien concluyó que la transferencia de información violó disposiciones legales que protegen la confidencialidad de los datos tributarios.
Por su parte, Nina Olson, fundadora del Centro de Derechos del Contribuyente —organización que presentó la demanda— señaló que el fallo confirma las preocupaciones sobre el manejo de información privada por parte de las autoridades fiscales.
El debate surge luego de un acuerdo firmado en abril entre el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, el cual permite que ICE envíe nombres y direcciones de personas sin autorización migratoria para verificar datos en registros tributarios.
Especialistas señalan que este tipo de convenios ha generado preocupación entre defensores de migrantes, quienes advierten que el uso de información fiscal para fines migratorios podría afectar la confianza de los contribuyentes en el sistema tributario.
