En los últimos cinco meses, Panamá ha deportado o expulsado a 1.881 migrantes irregulares como parte de un acuerdo con Estados Unidos. Este convenio, formalizado mediante un memorándum de entendimiento, busca agilizar el retorno de personas en situación irregular y fortalecer la seguridad en la región.
Desde el inicio del mandato del presidente José Raúl Mulino el 1 de julio de 2024, el Servicio Nacional de Migración (SNM) ha gestionado la deportación de 1.627 personas y la expulsión de 254 más. Estas acciones han sido respaldadas por 43 vuelos de repatriación, 16 de ellos comerciales, financiados con recursos del SNM.
Migrantes retornados y países de origen
Entre los deportados y expulsados se encuentran:
- 50 ciudadanos colombianos
- 17 venezolanos
- 15 nicaragüenses
- 51 personas de otras nacionalidades, incluyendo Irán, Perú, Afganistán, Líbano, China, Armenia, Yemen, Pakistán, Ghana y Turquía.
Reducción del flujo migratorio por el Darién
Uno de los efectos más notables de estas medidas ha sido la disminución del paso de migrantes por la selva del Darién, una de las rutas más utilizadas por quienes buscan llegar a Norteamérica.
Entre el 1 y el 14 de enero de 2025, ingresaron a Panamá 9.002 migrantes tras cruzar esta frontera natural, lo que representa una reducción del 89% en comparación con el mismo período del año anterior, cuando se registraron 17.050 ingresos.
Este descenso se atribuye a varias medidas implementadas en los últimos meses, entre ellas:
✅ Cierre de múltiples senderos en la selva, dejando solo un “corredor humanitario” habilitado.
✅ Imposición de multas a quienes ingresen de manera irregular.
✅ Condiciones climáticas adversas que han dificultado el cruce.
✅ Vuelos de deportación financiados por EE. UU.
Un esfuerzo conjunto por la seguridad y el orden migratorio
El Gobierno panameño destaca que estas medidas forman parte de una estrategia integral para ordenar el flujo migratorio y reducir los riesgos para quienes intentan atravesar la peligrosa ruta del Darién.
Con el respaldo de Estados Unidos, las acciones emprendidas buscan garantizar un proceso migratorio seguro, legal y controlado, evitando el uso de rutas peligrosas y combatiendo el tráfico de personas en la región.
