En mayo, el gobernador de Florida Ron Desantis promulgó el proyecto de ley SB 1718, una legislación antiinmigrante que ha causado pánico e incertidumbre en la comunidad inmigrante del estado. La ley, que entró en vigor el 1 de julio de este año, podría dañar no solo a los inmigrantes indocumentados en el estado, sino también a la economía de Florida.
La SB 1718 impone multas severas a las empresas con más de 25 empleados si no usan E-Verify, en un intento para tomar medidas enérgicas contra las empresas que contratan trabajadores indocumentados. Además, proporciona fondos adicionales para el controversial Programa de Transporte de Extranjeros No Autorizados del estado, que infamemente trasladó en avión a solicitantes de asilo de Texas a Martha´s Vineyard bajo falsos pretextos. Esta ley haya causado a algunos inmigrantes a abandonar el estado por completo.
Los inmigrantes indocumentados son una parte integral de las comunidades de Estados Unidos. Según un análisis del Center for American Progress, hay aproximadamente 512.400 trabajadores indocumentados en Florida que trabajan en industrias que mantienen el país en marcha como la cadena alimentaria, los servicios de salud, la construcción y la economía del cuidado.
La realidad es que los inmigrantes indocumentados juegan un papel crucial en la fuerza laboral. Los ataques a las comunidades de inmigrantes sólo perjudicará a los Estados Unidos.
(*) Laura Rodriguez es la vicepresidenta de asuntos gubernamentales en el Center for American Progress.
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