En poco más de un año, alrededor de 3,800 menores migrantes —incluidos bebés— han sido detenidos por autoridades federales en Estados Unidos, de acuerdo con investigaciones periodísticas publicadas por ProPublica y The Marshall Project.
Los informes señalan que muchos niños fueron arrestados junto con sus familiares en operativos realizados en viviendas, calles o al salir de la escuela. Una parte importante fue trasladada al Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, en Texas, considerado el principal centro de detención familiar del país.
Testimonios recogidos por medios de comunicación describen periodos prolongados bajo custodia, en algunos casos superiores a los 20 días, lo que ha generado cuestionamientos por posibles incumplimientos de acuerdos judiciales sobre detención de menores. Las cifras indican que en determinados momentos más de 400 niños permanecieron retenidos simultáneamente.
Diversas organizaciones civiles, legisladores y especialistas en salud infantil han manifestado preocupación por las condiciones reportadas dentro de algunos centros, incluyendo acceso limitado a servicios médicos y efectos emocionales en los menores. La Academia Estadunidense de Pediatría advirtió en una publicación que la detención, incluso por periodos cortos, puede afectar la salud física y mental de niñas y niños.
Uno de los casos que generó mayor atención pública fue el de un niño de cinco años detenido en Minnesota junto a su padre, cuya liberación fue ordenada posteriormente por un juez tras presión comunitaria y mediática.
Mientras tanto, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como Immigration and Customs Enforcement (ICE), ha defendido sus procedimientos, asegurando que las instalaciones cumplen con los estándares establecidos.
El debate continúa en el ámbito político y social, con llamados de organizaciones defensoras de derechos humanos para revisar las políticas de detención migratoria infantil y priorizar alternativas comunitarias.
