Las Vegas, conocida por su vibrante vida nocturna y su incesante actividad turística, es mucho más que un punto de referencia para visitantes estadounidenses de todas las posturas políticas. El corazón de su vitalidad económica late gracias, en gran parte, al esfuerzo de los trabajadores inmigrantes que sostienen su economía las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero en medio de una de las elecciones presidenciales más reñidas, la inmigración se ha convertido en un tema central de debate.
A pocos kilómetros al norte, en la hacienda Baker, ubicada en el remoto desierto de Nevada, la mano de obra migrante, proveniente principalmente de México, resulta indispensable para mantener a flote la producción agrícola. Al igual que en Las Vegas, los trabajadores migrantes son la columna vertebral de muchos sectores clave en el estado.
En Nevada, un estado clave en la balanza electoral, la inmigración no solo afecta la política, sino también la economía. Los migrantes que han vivido y trabajado en el país durante décadas sienten que las propuestas de los candidatos simplifican un problema complejo y profundamente arraigado en las dinámicas socioeconómicas del país. Las soluciones presentadas por los dos principales partidos políticos parecen abordar la situación de forma superficial, dejando de lado los matices que rodean la inmigración.
La inmigración y su impacto en la contienda presidencial
El aumento en el cruce de fronteras ha tensado los recursos estatales y locales, incluso en territorios tradicionalmente demócratas, a pesar de la reciente disminución de detenciones de migrantes. Aun así, la inmigración ha fortalecido el empleo, ayudando al crecimiento económico y a la estabilidad fiscal del gobierno federal.
En la contienda presidencial, el expresidente Donald Trump propone medidas estrictas que incluyen deportaciones masivas, mientras que la vicepresidenta Kamala Harris aboga por una vía hacia la ciudadanía para millones de inmigrantes indocumentados. No obstante, Harris también ha defendido la necesidad de incrementar los fondos para la seguridad fronteriza y de reforzar las políticas del gobierno de Biden, que han endurecido las normas para solicitar asilo en la frontera sur.
Erika Márquez, organizadora de justicia para migrantes en Make the Road Nevada, resume el sentir de muchos al afirmar que el enfoque actual se centra demasiado en la frontera y no en los inmigrantes que ya viven y trabajan en el país desde hace años.
Consenso parcial en programas de trabajadores invitados
Ambos partidos han mostrado apoyo a la ampliación de programas de trabajadores invitados en la agricultura. Durante la pandemia de COVID-19, la administración Trump consideró esenciales a los trabajadores agrícolas temporales, incrementando la participación en los programas de visas H-2A. Sin embargo, también implementó regulaciones que congelaban salarios, relajaban los requisitos de alojamiento y limitaban el reembolso de gastos de transporte para los trabajadores.
El gobierno de Biden revocó estas normas y en el año fiscal 2023 se emitieron más de 310.000 visas H-2A, frente a las 213.000 otorgadas en 2020, último año completo de Trump en el poder. A pesar de ello, las nuevas regulaciones han generado preocupación entre algunos empleadores, como los Baker, quienes ven en estas normas un desincentivo para contratar mano de obra extranjera.
