Mineápolis.
Liam Conejo Ramos, un niño de cinco años, y su padre, Adrián Conejo Arias, de origen ecuatoriano, ya se encuentran nuevamente en Minnesota luego de haber sido liberados por orden judicial tras permanecer detenidos por autoridades migratorias de Estados Unidos.
Ambos fueron arrestados el pasado 20 de enero en un suburbio de Mineápolis y posteriormente trasladados a un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ubicado en Dilley, Texas. La oficina del congresista Joaquín Castro confirmó que, tras la resolución del juez, padre e hijo regresaron a su comunidad.
De acuerdo con Katherine Schneider, portavoz del legislador demócrata, Castro acompañó personalmente a la familia durante el traslado. “Seguiremos trabajando hasta que las familias afectadas puedan reunirse y regresar a sus hogares”, señaló.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó en un comunicado que el menor no fue arrestado directamente por ICE y sostuvo que el padre solicitó que su hijo permaneciera con él durante la detención. La dependencia reiteró su postura sobre la aplicación de las leyes migratorias vigentes.
El abogado de la familia explicó que Adrián Conejo Arias cuenta con una solicitud de asilo en trámite, lo que le permite permanecer en Estados Unidos mientras se resuelve su caso, pese a que el gobierno indicó que ingresó al país sin autorización en diciembre de 2024.
La detención generó una amplia reacción pública luego de que circularan imágenes del menor con una mochila infantil y ropa llamativa, lo que provocó críticas y llamados a revisar los protocolos utilizados en operativos migratorios. El juez federal Fred Biery, al ordenar la liberación, cuestionó la manera en que se ejecutó el procedimiento y subrayó la necesidad de proteger el bienestar de los menores.
Durante su regreso, el congresista Castro compartió un mensaje dirigido al niño, destacando el apoyo recibido por parte de su comunidad escolar y de personas que siguieron el caso. Legisladores locales también expresaron que los menores deben permanecer con sus familias y continuar su vida escolar sin interrupciones.
El caso reavivó el debate sobre el impacto de las acciones migratorias en familias con niños pequeños y la importancia de garantizar procesos humanitarios dentro del marco legal.
