Un tribunal de Estados Unidos ha emitido una orden que detiene temporalmente las redadas migratorias en lugares de culto para ciertos grupos religiosos, como los cuáqueros, una red de iglesias bautistas en el sur y un templo sij en California.
El juez de distrito Theodore Chang dictaminó que la medida del gobierno de Donald Trump podría infringir la libertad religiosa de estos grupos, por lo que permanecerá suspendida mientras se resuelve el proceso legal.
Restricción Aplicada a Grupos Demandantes
El fallo judicial, con sede en Maryland, se limita a los demandantes en el caso. Entre ellos se encuentran congregaciones cuáqueras de estados como Maryland, Massachusetts, Pensilvania y Virginia, una red de iglesias bautistas en Georgia y un templo sij en California.
Estos grupos decidieron presentar la demanda después de que el gobierno federal eliminara una política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que restringía las detenciones de inmigrantes en ciertos espacios protegidos, como los lugares de culto. Este cambio, impulsado por la administración Trump, buscaba flexibilizar la acción de los agentes migratorios en su intento de reforzar las deportaciones.
Argumentos en la Corte
Los abogados de los demandantes argumentaron que la nueva directiva del DHS interfiere con la libertad religiosa, ya que desincentiva la asistencia a servicios religiosos por parte de los inmigrantes por miedo a ser detenidos. “Es un temor generalizado en el país”, señaló el abogado Bradley Girard, quien representa a las congregaciones afectadas.
Por su parte, los representantes del gobierno alegaron que no existen pruebas concretas de que estos grupos religiosos hayan sido perjudicados y que el cambio en la normativa simplemente elimina el requisito de aprobación de un supervisor para estos operativos.
Un Debate en Expansión
Además de esta demanda en Maryland, más de veinte grupos religiosos cristianos y judíos han presentado una acción legal similar en Washington D.C., señalando que la nueva normativa del DHS permite la entrada de agentes migratorios en cualquier espacio de culto sin restricciones previas.
Los abogados de la Fundación Democracy Forward, que representan a los demandantes, han solicitado que la política sea bloqueada a nivel nacional, alegando que afecta a todas las comunidades religiosas del país sin distinción.
El debate sobre la protección de los lugares de culto en relación con la política migratoria sigue abierto y será clave en las próximas decisiones judiciales sobre el tema.
