El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) informó que realizó un proceso de investigación exhaustivo antes de deportar a los migrantes presuntamente vinculados con la organización criminal Tren de Aragua. Según un comunicado oficial, la agencia utilizó diversas técnicas de verificación para confirmar sus antecedentes antes de proceder con las expulsiones.
Un informe previo reveló que más de la mitad de los 261 migrantes deportados a El Salvador fueron expulsados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. Robert Cerna, director interino de la oficina de campo de Operaciones de Detención y Deportación de ICE, aseguró que la agencia no se basó únicamente en publicaciones de redes sociales, tatuajes o imágenes de presuntos pandilleros, sino en un análisis integral.
“Los integrantes del Tren de Aragua representan un peligro significativo para la seguridad pública. Sus actividades delictivas buscan infundir temor y control en las comunidades”, afirmó Cerna. También indicó que, aunque muchos de los deportados no tenían antecedentes en EE.UU., esto se debía a su corta permanencia en el país.
Juez bloquea deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros
El juez federal James Boasberg suspendió temporalmente las deportaciones masivas basadas en la Ley de Enemigos Extranjeros, incluyendo la expulsión de 238 venezolanos a El Salvador. Esta decisión generó una reacción inmediata del expresidente Donald Trump, quien pidió su destitución.
El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, respondió rechazando la postura de Trump y enfatizando que el juicio político no es un mecanismo para impugnar decisiones judiciales. “Desde hace más de dos siglos, se ha establecido que el impeachment no es una respuesta apropiada para disentir de fallos judiciales”, declaró Roberts.
Publican lista de venezolanos deportados
La cadena BS News obtuvo una lista confidencial con los nombres de los 238 venezolanos expulsados, lo que desató una fuerte controversia legal. La Administración Trump utilizó una ley del siglo XVIII para justificar estas deportaciones, generando cuestionamientos sobre la constitucionalidad de la medida.
El Departamento de Justicia fue amonestado por no acatar la orden de suspender los vuelos con deportados, lo que ha ampliado el debate sobre el alcance del poder presidencial en materia migratoria. Según funcionarios estadounidenses, 137 venezolanos fueron clasificados como “enemigos extranjeros” y expulsados bajo esta ley, mientras que los otros 101 fueron deportados mediante procedimientos regulares.
Reacciones políticas y controversia
Desde la Casa Blanca, se emitió un comunicado en el que se describió a los deportados como “peligrosos delincuentes”. El vicepresidente J.D. Vance y el senador Marco Rubio respaldaron la medida, afirmando que la expulsión de estos individuos era esencial para la seguridad nacional.
Por otro lado, el exdirector de ICE, Tom Homan, acusó a la Administración Biden de haber liberado a criminales venezolanos en EE.UU., señalando que la gestión de Trump estaba tomando medidas contundentes para fortalecer la seguridad.
