Varios gobiernos latinoamericanos y algunas organizaciones internacionales expresaron su rechazo a la nueva ley de inmigración que criminaliza a los indocumentados en el estado de Arizona (EE.UU). Las protestas de varios países por dicha ley fue motivo de debate en la Organización de Estados Americanos (OEA), donde Guatemala, Ecuador y Venezuela rechazaron la medida, al igual que el titular del organismo, José Miguel Insulza.
En el Consejo Permanente de la OEA, el embajador de Guatemala ante este organismo, Jorge Skinner-Klee, dijo que la ley contiene medidas “ilegítimas”, alienta la “xenofobia” y “sujeta al inmigrante a un acoso permanente y le obliga a vivir en la clandestinidad”. La legislación aprobada recientemente por Arizona, estado fronterizo actualmente gobernado por el Partido Republicano y donde se calcula que residen 460.000 indocumentados, la mayoría mexicanos, permite a la Policía detener a cualquier persona de la que sospeche que pueda ser un inmigrante ilegal.
El propio presidente de EE.UU., Barack Obama, opinó que la ley “está mal concebida” y prometió presionar en favor de una reforma migratoria exhaustiva para que no se registre “el tipo de mala legislación” que se ve en Arizona o, el otro extremo, “medio millón de ilegales entrar en Arizona sin ningún tipo de control”.
El fiscal general de EE.UU., Eric Holder, advirtió de que la ley de Arizona puede prestarse a abusos y planteó la posibilidad de exigir su anulación ante los tribunales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó mediante un comunicado su profunda preocupación ante “el alto riesgo de discriminación racial” que implica la ley y por el hecho de que criminaliza la presencia de indocumentados.
El Gobierno de Honduras calificó como “un paso equivocado” la aprobación del texto y se unió al llamamiento del presidente estadounidense para que se apruebe una reforma migratoria integral en ese país. “El Gobierno del presidente Porfirio Lobo Sosa, en apego al principio de respeto a la dignidad de la persona humana, considera que la Ley SB1070 que califica la inmigración como un delito en el estado de Arizona, es un paso equivocado y no abona en nada a la solución correcta de fondo del problema de la inmigración”, señaló un comunicado emitido por la Casa Presidencial.
El canciller hondureño, Mario Canahuati, manifestará la posición del Gobierno Lobo respecto a la ley a la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, con quien tenía previsto reunirse en Washington.
Antes que Honduras se habían pronunciado contra esa ley los Gobiernos de México, Guatemala, El Salvador y Ecuador, entre otros, y también el secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias.
El Papa Benedicto XVI, sin referirse al caso concreto de Arizona, instó a los participantes en un Congreso Europeo sobre Migraciones reunidos en Málaga (España) a promover “iniciativas y programas” que reconozcan los derechos de los inmigrantes.
Tras una declaración del presidente mexicano, Felipe Calderón, en la que apunta a la ley como una incitación al odio, Amnistía Internacional (AI) exhortó hoy a su Gobierno a proteger mejor a los miles de personas que cruzan México cada año camino de EE.UU.
“(En México) la detención arbitraria por policías municipales y estatales en muchas de las rutas es común, pero esos funcionarios no son sancionados y ese es un problema muy grave”, dijo hoy Rupert Knox, investigador para México del secretariado de AI.
