El trabajo en manos hispanas

Hilda Solís fue confirmada el martes por
el Senado de Estados Unidos como la
nueva secretaria del Trabajo del gobierno
de Barack Obama. Su nominación fue aprobada
por 80 votos a favor y 17 en contra.
Su padre, Raúl Solís, fue dirigente del gremio
de los camioneros en México, su país de
origen, y continuó su militancia como organizador
sindical en la planta de reciclaje de baterías
para automotores que le dio empleo en Estados
Unidos.
Su madre, Juana Sequeira, nicaragüense, trabajó
22 años en la línea de montaje del gigante
juguetero Mattel y fue activista de la Unión de
Trabajadores de la Goma.
“Para nosotros, es como tener a uno de los
nuestros en el gobierno; es un regalo enorme”,
reconoció Pablo Alvarado, director ejecutivo de
la Red Nacional de Jornaleros de Los Ángeles.
“Ella es alguien que entiende que la posición
que ocupa es para proteger a los trabajadores,
que son los miembros más vulnerables de esta
sociedad”, agregó.
Desde el Senado de California -donde sirvió
de 1994 a 2000 y en el cual fue la primera mujer
latina elegida para el cargo- Solís lideró la lucha
por elevar el salario mínimo en el estado de
US$4,25 a US$5,75 la hora.
En ese período, también fue autora de un
récord de 17 leyes estatales contra la violencia
doméstica.
Su trabajo legislativo en defensa del medio
ambiente le valió en 2000 el premio John F.
Kennedy, concedido a las personalidades públicas
que han demostrado coraje político en el
ejercicio de sus funciones. Fue la primera mujer
en recibir este honor.
No todos felices
Pero a pesar de una foja aparentemente impecable,
el Senado de Estados Unidos postergó
por casi dos meses su confirmación como secretaria
de Trabajo, debido a una serie de cuestionamientos
que amenazaron con dejarla fuera
del gabinete.
Solís, junto con Ken Salazar en el Departamento
del Interior y Bill Richardson en el Departamento
de Comercio, fueron los tres hispanos
escogidos inicialmente por el presidente
Barack Obama para ocupar altos cargos en su
administración.
Salazar fue confirmado sin inconvenientes,
pero Richardson se vio obligado a retirar su
nominación antes de que fuera sometida al
Senado, debido a una investigación federal en
curso sobre una empresa que hizo negocios
con el estado de Nuevo México, del cual es
gobernador.
Los legisladores cuestionaron a Hilda Solís
por haber sido tesorera de la organización Derechos
de los Estadounidenses en el Trabajo, un
grupo que cabildea en favor de una reforma legal
que facilite a los trabajadores la formación
de sindicatos en las empresas.
“Éste es un puesto muy importante”, le recordó
el senador republicano por Utah, Orrin
G. Hatch, en una de las audiencias de confirmación.
“No puede usarse para favorecer a unos
sobre otros”.
J. Justin Wilson, director del Comité de Acción
para la Libertad de Empleo (EFAC, por sus
siglas en inglés), un grupo que se opone a la
reforma que Solís impulsa, opina que su nombramiento
es uno de los primeros compromisos
de campaña que Obama ha roto.
“La sola promesa de que no permitiría a cabilderos
trabajar en su gobierno debería haber
descalificado a Solís para este puesto desde un
primer momento”, aseguró Wilson.
Impuestos impagos
La nominación de Solís también se vio opacada
por deudas impositivas, como las que
amargaron la confirmación de Timothy Geithner
-el finalmente asumido secretario del Tesoro-
y provocaron la renuncia de Tom Daschle,
quien hubiese ido a dirigir el estratégico Departamento
de Salud.
Pero en el caso de Hilda Solís, a quien se acusaba
de no haber cumplido con el fisco era a
su esposo, el mecánico de origen palestino Sam
Sayyad, propietario del taller Sam’s Foreign
and Domestic Car Center.
Sayyad finalmente pagó los US$6.400 que
le reclamaban, y aunque la pareja declara sus
impuestos en conjunto, el hecho de que la falta
no fuera por los ingresos propios de Solís finalmente
le sirvió de atenuante.
El incidente, sin embargo, fue lo suficientemente
preocupante como para que el portavoz
de la Casa Blanca, Tom Gibbs, saliera a
recordarle a los senadores que los impuestos
de la persona cuya confirmación estaban considerando
“están en orden”.
“No hay porque penalizarla a ella por los
errores que pueda haber cometido el esposo en
su negocio”, señaló.
Los más importantes dirigentes de las organizaciones
hispanas también salieron públicamente
en su defensa y grupos sindicales llevaron
un petitorio con 20.000 firmas reclamando
la rápida aprobación de Solís.