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Los inmigrantes, cuyos cónyuges o padres murieron en esos ataques, recibieron pagos por un promedio de 2,1 millones de dólares del federal Fondo de Compensación a las Víctimas de 11 de Septiembre, pero han tenido problemas para invertir esas sumas por encontrarse ilegalmente en Estados Unidos, dijeron sus abogados.
Su situación legal impidió a sus abogados incluso facilitar información a las autoridades de inmigración y representantes legislativos que trabajan en el tema, dijo uno de los abogados, Debra Brown Steinberg.
El Departamento de Seguridad Interior considerará dar a esos familiares una exención temporal por razones humanitarias que les permitirá vivir, trabajar e invertir sus ahorros legalmente en Estados Unidos, dijo el secretario adjunto Stewart A. Baker a la abogada Steinberg en una carta.
El departamento permitirá a los solicitantes dar su información biográfica y el historial de inmigración con la absoluta garantía de que la información no será utilizada para deportarlos, escribió el secretario adjunto.
“Estas familias comparten una experiencia con el pueblo estadounidense que figura entre las más significativas en la historia de Estados Unidos”, dijo Baker al diario The New York Times en una entrevista publicada el jueves. “Creemos que merecen una oportunidad para presentar su caso de la forma más efectiva posible”.
