Las industrias agrícola y de la construcción en Florida son de las más afectadas por la entrada en vigor de la ley SB 1718, la cual comenzó a ser aplicada el 1 de julio pasado, pero cuyos impactos negativos iniciaron semanas antes.
Esas industrias tienen entre sus filas a un amplio número de inmigrantes indocumentados, quienes ahora temen trabajar y ser perseguidos, luego de la norma promulgada por el gobernador republicano Ron DeSantis.
Se estima que a nivel nacional un 70% de los trabajadores agrícolas son inmigrantes, además de que el 47% son personas sin papeles.
“Depender de un gran número de personas indocumentadas para impulsar una industria es una mala política tanto para los trabajadores como para los empleadores”, indica un reporte de Fwd.US. “Pero obligarlos a irse sería aún más devastador para nuestro suministro de alimentos y fundamentalmente injusto, dado lo que han contribuido”.
Se advierte que restringir a indocumentados del trabajo agrícola a nivel nacional implicaría afectar la producción entre $30,000 y $60,000 millones de dólares.
En Florida, se estima que entre el 37 y el 47% de los trabajadores agrícolas son indocumentados o lo eran hasta antes del 1 de julio. Eso es alrededor de 300,000 personas, según la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida.
“El empleado que quiere trabajar en la granja ya no está disponible. […] ¿Cómo vamos a manejar las granjas?”, dijo a WSJ Hitesh Kotecha, propietario de una instalación de envasado de productos agrícolas en el sur de Florida.
En la entidad se reporta la residencia de casi 800,000 indocumentados, de los cuales el 24% se dedican a la construcción; el 17% en áreas administrativas y servicios profesionales; mientras el 15% está en áreas de servicios de comida y entretenimiento, además de un 9% en tiendas, según datos de Migration Politcy Institute.
Algunas empresas de la construcción han perdido hasta el 50% de sus empleados, provocando retrasos.
