El Senado de Estados Unidos dio un paso importante hacia la aprobación de una controvertida medida que busca endurecer los controles sobre inmigrantes no autorizados que hayan sido acusados de ciertos delitos. Con una votación de 84 a 9, senadores demócratas, ahora en minoría, se alinearon con los republicanos para que el proyecto de ley avance, señalando una estrategia de colaboración limitada con la nueva administración de Donald Trump.
La propuesta exige que las autoridades federales arresten a migrantes irregulares acusados de delitos como robo, allanamiento de morada y hurto, reteniéndolos hasta su expulsión del país. Además, permitiría a los estados presentar demandas contra el gobierno federal si pueden demostrar daños vinculados a la entrada ilegal de migrantes.
El líder de la bancada demócrata, Chuck Schumer, indicó que su apoyo inicial no garantiza un respaldo definitivo al proyecto de ley, dejando claro que se necesitarán enmiendas bipartidistas para alcanzar un consenso. “Queremos un Senado donde todas las voces sean escuchadas”, afirmó Schumer, refiriéndose al nuevo liderazgo republicano encabezado por John Thune.
El proyecto cobró relevancia tras el asesinato de Laken Riley, una estudiante de enfermería en Georgia, atribuido a un migrante venezolano en situación irregular. Este caso fue usado como argumento central durante las elecciones para destacar las fallas en el sistema migratorio, convirtiendo la medida en una prioridad para los republicanos.
Mientras los demócratas buscan elegir cuidadosamente sus batallas, este giro hacia la negociación marca un contraste con su postura en el primer mandato de Trump, cuando mantuvieron una oposición más frontal. Por otro lado, legisladores moderados de ambos partidos han mostrado apertura para trabajar juntos en cuestiones de inmigración, reflejando un delicado equilibrio en el Congreso.
La Cámara de Representantes ya había aprobado la propuesta previamente, pero no fue sometida a votación en el Senado cuando los demócratas aún controlaban la cámara. Ahora, bajo una mayoría republicana, el proyecto resurge como una de las primeras acciones del nuevo Congreso, prometiendo un debate polarizado en las próximas semanas.
