Una jueza de Nueva York desestimó una demanda que intentaba bloquear el traslado de migrantes en autobuses desde Texas a la ciudad de Nueva York. La ciudad había intentado usar una ley de 1817, considerada inconstitucional, para detener los viajes organizados por el estado de Texas, que ha enviado a más de 46,000 migrantes a Nueva York desde el inicio de esta iniciativa.
El alcalde de Nueva York, Eric Adams, presentó la demanda en enero, argumentando que los viajes constituían una carga pública y se basaba en una antigua ley que penalizaba la llegada de personas en situación de pobreza. La jueza Mary Rosado, sin embargo, concluyó que la ley era inconstitucional y que no se podía impedir a los migrantes viajar basándose en su situación económica, ya que esto violaría el derecho fundamental a la movilidad.
Según el fallo de la jueza, los estados no pueden regular el transporte entre estados en función del estatus económico de las personas. Exigir que las empresas de autobuses seleccionen a los pasajeros en base a la necesidad de asistencia pública infringiría este derecho. Rosado aconsejó a los funcionarios que, en lugar de recurrir a leyes obsoletas, deberían buscar ayuda en el Congreso si desean abordar esta situación de manera efectiva.
Desde que Texas comenzó a ofrecer viajes en autobús a migrantes en 2022, numerosas ciudades con líderes demócratas han recibido un gran flujo de personas, incluyendo a Nueva York, Denver y Chicago. El gobernador de Texas, Greg Abbott, afirmó que estas medidas eran una respuesta a las políticas migratorias federales y señaló que el presidente Joe Biden debería asumir la responsabilidad de las repercusiones en las ciudades afectadas.
A pesar de la derrota en los tribunales, la oficina del alcalde Adams declaró que la demanda ayudó a reducir la frecuencia de autobuses con migrantes hacia Nueva York. Además, Adams continúa evaluando alternativas legales para mitigar los costos que la ciudad asume al recibir y atender a los migrantes.
La Unión Neoyorquina de Libertades Civiles (NYCLU) apoyó la decisión judicial, señalando que todos los individuos, sin importar su ciudadanía o nivel de ingresos, tienen derecho a viajar y residir libremente en cualquier lugar de Estados Unidos. Según Beth Haroules, abogada senior de NYCLU, “el alcalde no debe explotar la situación de los migrantes para avanzar en su agenda política”.
Ante la creciente llegada de personas migrantes, Nueva York y otras ciudades han optado por seguir el ejemplo de Texas, ofreciendo boletos de autobús a otros destinos. Según funcionarios locales, la ciudad de Nueva York ha pagado más de 4,800 pasajes para que algunos migrantes regresen a Texas u otros destinos, en un intento de aliviar la presión sobre los servicios locales.
