Durante los últimos años, la política migratoria de Estados Unidos ha dado un giro hacia un modelo donde los sistemas penal y migratorio operan cada vez más entrelazados. Bajo el argumento de reforzar la seguridad, surgieron programas que amplían la vigilancia y la revisión migratoria incluso en casos menores, afectando la confianza de las comunidades y generando debates sobre justicia y proporcionalidad.
Secure Communities: tecnología que transformó un arresto menor en un proceso migratorio
Secure Communities, puesto en marcha en 2008, fue presentado como una herramienta para identificar a personas con antecedentes graves. Su funcionamiento se basa en compartir huellas digitales tomadas durante un arresto con diversas agencias federales para revisar el estatus migratorio.
Aunque su objetivo inicial era enfocar recursos en quienes representaran un riesgo serio, la realidad mostró un impacto distinto: la mayoría de las personas señaladas por el sistema no tenían delitos graves y, en muchos casos, habían sido detenidas por faltas menores, como conducir sin licencia. Esto convirtió situaciones administrativas en posibles procesos de deportación.
El programa también modificó la relación entre residentes y autoridades locales. Muchas personas dejaron de denunciar delitos o colaborar con la policía por temor a que un contacto rutinario pudiera desencadenar una revisión migratoria, lo que afectó la confianza comunitaria y la seguridad local.
Criminal Alien Program: el seguimiento migratorio dentro de cárceles y prisiones
A diferencia de Secure Communities, el Criminal Alien Program (CAP) opera dentro del sistema penitenciario. Desde su expansión tras el 11 de septiembre, permite que agentes migratorios revisen los registros de personas bajo custodia para determinar si existe alguna causa para abrir un proceso de inmigración.
En muchos casos, incluso después de haber cumplido condenas, algunos detenidos permanecen bajo custodia migratoria mientras se determina su situación final. Esto ha generado críticas debido a que residentes legales pueden enfrentar consecuencias migratorias por incidentes menores o antiguos, creando la percepción de un sistema desigual entre ciudadanos y no ciudadanos.
Un sistema que se ha extendido con el tiempo
Ambos programas forman parte de una estructura más amplia que ha crecido durante décadas. Las verificaciones biométricas, las detenciones administrativas y la colaboración entre agencias han creado un entorno donde la revisión migratoria está presente en múltiples etapas del sistema penal.
El aumento de detenciones también ha impulsado la participación de centros privados, que operan instalaciones con contratos gubernamentales. Diversos informes han señalado que estas entidades, al operar bajo un modelo de negocio, enfrentan retos al garantizar condiciones adecuadas para las personas bajo custodia.
Impactos sociales y comunitarios
Las consecuencias humanas de estas políticas son visibles en familias separadas, comunidades que viven con mayor incertidumbre y personas que enfrentan procesos migratorios pese a llevar décadas en el país. Aunque los estudios muestran que la presencia de inmigrantes no está asociada a mayores índices de criminalidad, muchos programas siguen funcionando sobre percepciones que no reflejan por completo la realidad.
En esencia, estas iniciativas no solo abordan temas migratorios: también expresan cómo se define la pertenencia dentro de la sociedad estadounidense. Mientras el enfoque se mantenga en criterios que generan desigualdad o desconfianza, los desafíos comunitarios y humanos continuarán siendo parte del debate.
