No es algo con dedicatoria especial por parte Andrés Manuel López Obrador. Pero ocurrirá: finalizará el programa de pagos simbólicos que subsanaban el robo de dinero por parte del gobierno de México a los ex-braceros.
“El fideicomiso mantenía una esperanza”, advirtió Efraín Arteaga, integrante del Movimiento Unificado de exbraceros.
Cierto que después el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) el Estado mexicano no aportó ni un peso más al fideicomiso para los exbraceros.
Entre 1942 y 1964 cerca de cinco millones de mexicanos, de diversos estados, fueron contratados para laborar legalmente en los campos agrícolas y ferroviarios de la Unión Americana. En el convenio entre los gobiernos de México y EE.UU se determinó que éste último retendría el 10% del salario a los trabajadores y lo trasferiría a una cuenta bajo control del Estado mexicano y así ocurrió.
Luego el dinero desapareció y nadie supo dar cuentas de quién se lo quedó. Hasta la fecha es una deuda histórica tanto la causa como la consecuencia.
El gobierno de Vicente Fox ideó en 2005 el esquema de fideicomiso para dar un tipo de ayuda a los ex braceros y sus familiares que lograran comprobar su estancia en EE.UU. El proceso se burocratizó, los requisitos se volvieron tortuosos para muchos y la Secretaría de Gobernación sólo logró hacer dos listas de pago.
Luego llegó el sexenio de Enrique Peña Nieto y dejó de aportar desde 2012. Lo borró de una manera muy sencilla: no lo incluyó en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año. AMLO siguió sus pasos a pesar de sus promesas de campaña de hacer justicia a los migrantes timados.