Abogados ven insuficientes las nuevas normas anunciadas por EEUU en caso para proteger a los niños migrantes que llegaron al país.
Los abogados de niños migrantes que llegaron solos a Estados Unidos dicen que las nuevas normas del gobierno del presidente Joe Biden son insuficientes para garantizar su seguridad mientras están bajo custodia en el país, y no deberían reemplazar un acuerdo que requiere supervisión por parte de las cortes y que fue establecido hace décadas a partir de una resolución judicial.
Abogados gubernamentales que participaron el viernes en una audiencia en un tribunal federal de Los Ángeles argumentaron que la supervisión judicial bajo el Acuerdo Flores ya no tiene razón de ser y se requieren nuevas normas. Los abogados dijeron que proporcionarían más detalles a la jueza el próximo lunes antes de que ella emita su fallo, incluida información sobre cómo asegurarán la supervisión de instalaciones no gubernamentales que atienden a niños con necesidades acuciantes.
El gobierno de Biden le pidió a la corte el mes pasado que suspendiera parcialmente las normas, semanas después de que el Departamento de Salud y Servicios Humanos publicara sus propias salvaguardas —que entrarán en vigor el 1 de julio—, que el secretario Xavier Becerra dijo establecerán “estándares claros para el cuidado y el trato de niños (migrantes) no acompañados”.
Actualmente, los activistas que representan a niños migrantes tienen amplia autoridad para visitar instalaciones de custodia y efectuar entrevistas al personal y a otros migrantes, y se les permite presentar quejas ante la corte, que puede ordenar cambios.
Leecia Welch, subdirectora de litigación en el organismo activista Children’s Rights, que representa a los niños en el caso, dijo que la supervisión judicial es ahora más necesaria que nunca. Los activistas dicen que el Acuerdo Flores ha sido decisivo para garantizar condiciones seguras para los niños, en especial en medio de crecientes detenciones fronterizas durante los últimos dos años que incluyeron a casi 300.000 menores que viajaban solos.
“Llega un momento en que todos los acuerdos de conciliación necesitan llegar a su fin, pero ahora no es ese momento”, declaró Welch.
El Departamento de Justicia no respondió a una solicitud de comentarios.
El acuerdo de 1997 fue el resultado de más de una década de litigio entre abogados que representaban los derechos de niños migrantes y el gobierno federal con respecto a denuncias generalizadas de malos tratos en la década de 1980.
La demanda original fue presentada en nombre de cuatro adolescentes, entre ellos Jenny Lisette Flores, una chica de 15 años oriunda de El Salvador. La demanda explicaba cómo el gobierno mantuvo detenidos a Flores y a los otros querellantes por periodos prolongados, con frecuencia en instalaciones junto con adultos ajenos, y no recibieron educación ni atención médica adecuada.
