Alejandro Arcos, recién electo alcalde de Chilpancingo, Guerrero, fue asesinado a menos de una semana de haber tomado posesión del cargo, según confirmaron las autoridades el pasado domingo. La ciudad, conocida por sus altos niveles de violencia y el dominio del narcotráfico, ha sido escenario de constantes enfrentamientos entre cárteles que disputan el control del territorio.
El pasado lunes, Arcos juró como alcalde de la capital guerrerense, una región marcada por la violencia, donde en 2023 un cártel del narcotráfico protagonizó un violento incidente que incluyó la toma de rehenes de policías y el robo de un vehículo blindado del gobierno para exigir la liberación de algunos de sus miembros detenidos.
La Fiscalía del estado emitió un comunicado confirmando el asesinato de Arcos, aunque no se han revelado más detalles sobre las circunstancias de su muerte. El caso ha generado gran consternación en la región y a nivel nacional, dada la corta duración de su mandato y el historial de violencia en la ciudad.
Alejandro Moreno, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), expresó su pesar por el asesinato del nuevo alcalde y reveló que el secretario del ayuntamiento de Chilpancingo también fue abatido apenas tres días antes. “Eran jóvenes comprometidos con el progreso y bienestar de su comunidad”, lamentó Moreno a través de sus redes sociales.
Chilpancingo ha sido testigo de brutales enfrentamientos entre dos cárteles locales, Los Ardillos y Los Tlacos, que han teñido de sangre la región durante años. Las disputas entre ambos grupos han dejado un rastro de violencia, asesinatos y corrupción que han impactado la seguridad y la vida cotidiana de la población.
La situación en Chilpancingo no es nueva. En julio de 2023, cientos de personas participaron en una manifestación organizada por Los Ardillos para exigir la liberación de dos de sus líderes, arrestados bajo cargos de posesión de armas y drogas. Durante las protestas, los manifestantes bloquearon la carretera entre Ciudad de México y Acapulco, chocaron con fuerzas de seguridad y utilizaron un vehículo blindado robado para embestir contra la legislatura estatal.
En una muestra de poder, los manifestantes secuestraron a 10 miembros de la policía estatal y de la Guardia Nacional, así como a tres funcionarios estatales y federales, manteniéndolos como rehenes hasta que las autoridades cedieron a sus exigencias. Estos actos dejaron al descubierto el profundo nivel de control que estos grupos delictivos ejercen en la zona.
El asesinato de Arcos pone de nuevo el foco sobre la violencia y el desafío que enfrentan las autoridades locales para restablecer el orden en Chilpancingo, una ciudad sumida en el conflicto entre cárteles, donde la vida política parece estar constantemente amenazada por la delincuencia organizada.
