En un giro dramático en el escenario político latinoamericano, Venezuela ha tomado la decisión de retirar a su personal diplomático de varios países que han puesto en duda la legitimidad de las recientes elecciones presidenciales. Esta medida surge como respuesta a las críticas internacionales sobre la transparencia del proceso electoral que otorgó a Nicolás Maduro un nuevo mandato de seis años.
La crisis diplomática se desencadenó cuando el presidente panameño, José Raúl Mulino, anunció la suspensión de relaciones con Venezuela y el retiro de su personal diplomático en Caracas. En respuesta, el gobierno venezolano extendió esta medida a otras seis naciones: Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, República Dominicana y Uruguay.
El canciller venezolano, Yvan Gil, calificó las posturas de estos países como “injerencistas” y los acusó de estar alineados con intereses extranjeros. En un comunicado oficial, el gobierno venezolano defendió su derecho a la autodeterminación y advirtió sobre posibles acciones adicionales para proteger su soberanía.
La tensión diplomática ha escalado rápidamente, llevando a Venezuela a tomar medidas adicionales como la suspensión temporal de vuelos comerciales hacia Panamá y República Dominicana a partir del 31 de julio. Esta decisión podría agravar aún más las ya limitadas conexiones aéreas del país, afectadas por sanciones internacionales.
La comunidad internacional observa con preocupación el desarrollo de estos eventos, que podrían tener implicaciones significativas para la estabilidad regional y las relaciones diplomáticas en América Latina. Mientras tanto, persisten interrogantes sobre el futuro de los ciudadanos venezolanos que buscan refugio en embajadas extranjeras en Caracas.
