El Senado de Chile aprobó en general un proyecto de ley que propone permitir que personas privadas de la libertad mayores de 75 años puedan cumplir sus condenas bajo modalidades alternativas, como arresto domiciliario u otras medidas fuera de centros penitenciarios.
La iniciativa fue respaldada por 23 votos a favor y 22 en contra. Entre quienes apoyaron el proyecto se encuentra el senador Javier Macaya. La propuesta todavía debe discutirse en detalle y posteriormente pasar a la Cámara de Diputados para continuar su proceso legislativo.
El proyecto busca regular la suspensión o el cumplimiento alternativo de penas para internos de edad avanzada. De acuerdo con cifras del Ministerio de Justicia chileno, una eventual aprobación podría beneficiar a cientos de personas condenadas por distintos delitos, incluidos casos vinculados a violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Autoridades del gobierno expresaron preocupación por el alcance de la iniciativa. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, señaló que el proyecto podría permitir que personas condenadas por delitos graves accedan a cumplir su condena en sus domicilios, lo que ha generado debate entre sectores políticos y organizaciones de derechos humanos.
Según estimaciones oficiales, el universo de posibles beneficiarios podría ser considerablemente amplio si la ley se aprueba sin modificaciones.
La discusión también reabre el debate sobre el futuro de internos recluidos en el penal de Punta Peuco, una prisión donde cumplen condena exmilitares y otras personas sentenciadas por delitos cometidos durante el régimen militar.
Organizaciones de familiares de víctimas y agrupaciones de derechos humanos manifestaron su inquietud por el avance del proyecto, mientras que legisladores de sectores de centroizquierda adelantaron que buscarán introducir cambios a la propuesta durante la discusión particular.
El Senado fijó como fecha límite el 16 de marzo para continuar el análisis del proyecto, que se perfila como uno de los debates más sensibles en la agenda política chilena, debido a su impacto en temas de justicia, memoria histórica y derechos humanos.
