Organizaciones civiles en México están alzando la voz ante una posible revisión anticipada del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), advirtiendo sobre riesgos para los derechos laborales. Más de 20 colectivos conformaron la Coalición de organizaciones de la sociedad civil por los derechos humanos laborales, con el fin de incidir directamente en la revisión del capítulo 23 del acuerdo.
Esta coalición presentó un nuevo Diagnóstico Laboral del T-MEC, que revela persistentes problemáticas como el trabajo forzoso, la violencia laboral y las condiciones precarias que afectan principalmente a migrantes, mujeres y jóvenes.
Según Alejandra Ancheita Pagaza, fundadora de ProDESC, aunque la revisión oficial del tratado está prevista para 2026, ya han comenzado los trabajos preparatorios. Ella subraya que este proceso representa una oportunidad clave para reforzar los compromisos en derechos laborales que el tratado ayudó a impulsar, incluyendo la reforma laboral de 2019 y la creación de tribunales especializados.
No obstante, el diagnóstico revela que muchos retos persisten: desde prácticas sindicales antidemocráticas, hasta barreras de acceso a la justicia laboral y condiciones indignas para trabajadores temporales. En 2023, el 91 % de las visas H2-A de EE. UU. fueron otorgadas a mexicanos, la mayoría sin acceso a seguridad social y viviendo en situaciones vulnerables.
Eduardo Villarreal, coordinador de ProDESC, enfatizó la necesidad de que el gobierno escuche a la sociedad civil y no solo al sector empresarial. También instó a que la movilidad laboral sea parte integral de las negociaciones comerciales, con enfoque en la protección de los derechos humanos.
