La no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) denunció este martes que el régimen de Nicaragua pidió ante la Asamblea Nacional (Parlamento) su cierre y su ilegalización para evitar que documenten los supuestos abusos de autoridad.
“No hay voluntad, por parte del Gobierno (del presidente Daniel Ortega), que hayan organismos de derechos humanos que estemos documentando los abusos que se cometen en este país”, señaló el secretario ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona, en conferencia de prensa.
Según el activista, la CPDH es la última organización que promueve y defiende los derechos humanos de manera legal en Nicaragua, ya que desde diciembre de 2018 el Gobierno ha despojado la personalidad jurídica a distintas ONG similares, entre ellas el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh).
En Nicaragua, con el voto de los diputados sandinistas y sus aliados, se han ilegalizado al menos 112 ONG nicaragüenses desde diciembre de 2018, ocho meses después de que estallara una revuelta popular por unas controvertidas reformas a la seguridad social calificada como un intento de golpe de Estado por el dictador Ortega.
Las últimas 25 ONG, entre ellas la filial nicaragüense de Operación Sonrisas, fueron anuladas el 17 de marzo pasado.
El asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas
Entre las organizaciones que han sido afectadas se encuentran ONG que defendían los derechos humanos, médicas, feministas, educativas, universidades, ambientalistas, indígenas, de periodistas, y centros de pensamiento, entre otras.
El Ejecutivo también ha cancelado los registros y números perpetuos de cuatro ONG estadounidenses y seis europeas.
Desde abril de 2018 Nicaragua vive una crisis sociopolítica que se acentuó en las elecciones de noviembre pasado, cuando Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
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