Este jueves, los transportistas de Lima realizaron una nueva paralización, la segunda en menos de un mes, para denunciar la creciente inseguridad y visibilizar las extorsiones y el sicariato que enfrentan diariamente. Esta movilización también contó con el apoyo de pequeños comerciantes, lo que reflejó el respaldo generalizado de la ciudadanía ante la situación crítica.
Jacqueline Vargas, transportista del sector de Cerro Camote, expresó su frustración durante la protesta: “Nos están matando”, declaró a la agencia EFE, en referencia a la violencia que afecta a miles de conductores que operan en Lima y Callao, una zona que alberga a casi un tercio de la población peruana.
El sector del transporte en la capital está compuesto mayoritariamente por trabajadores informales, en un país donde el 75% de la fuerza laboral se encuentra en la informalidad. Vargas subrayó que las extorsiones a las que son sometidos los transportistas muchas veces tienen precios tan bajos como 7 soles, pero el costo en vidas es incalculable.
Este problema no afecta únicamente a los conductores, sino que también golpea a vendedores ambulantes y comerciantes. “Estamos unidos, porque todos sufrimos extorsiones, incluso los negocios más pequeños”, explicó Vargas. Los dueños de bodegas también se sumaron a la protesta, denunciando el impacto devastador que estas prácticas tienen en sus negocios.
Como consecuencia de la huelga, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana suspendió las clases presenciales en colegios y universidades. Además, el Ministerio de Trabajo recomendó a los empleadores mostrar flexibilidad ante las dificultades de movilidad que enfrentaban los trabajadores.
El Gobierno desplegó 14,000 policías y 4,000 militares para garantizar la seguridad durante la manifestación. Sin embargo, esto generó malestar entre algunos manifestantes, como Elkin Avendaño, quien aseguró que “la gente está marchando pacíficamente, sin violencia”.
Avendaño también lamentó la falta de apoyo de las autoridades: “Nos sentimos abandonados”, afirmó, aludiendo a los riesgos constantes que enfrentan los ciudadanos cada vez que salen de sus casas. Las cifras oficiales reflejan la gravedad de la situación, con denuncias por extorsión que han pasado de 4,000 en 2021 a casi 20,000 en 2023.
Tras la primera protesta de transportistas, el Gobierno decretó el estado de emergencia en 13 de los 43 distritos de Lima y uno en el Callao, una medida que ha sido recurrente en los últimos años. En 2022, Lima y Callao estuvieron en estado de emergencia durante 315 días, y esta situación se reactivó en septiembre de 2023.
El primer ministro, Gustavo Adrianzén, defendió la efectividad de estas medidas, asegurando que las extorsiones a los transportistas han disminuido. No obstante, también acusó a algunos manifestantes de ser trabajadores informales que buscan presionar al gobierno para obtener beneficios y evitar multas. Por otro lado, la Asociación Nacional de Bodegueros denunció que unas 3,000 tiendas han cerrado debido a las constantes amenazas y extorsiones.
