El próximo 15 de diciembre, Bolivia elegirá a sus jueces y magistrados mediante votación popular, en un contexto marcado por la “falta de independencia judicial” y una crisis de institucionalidad, según denunciaron observadores ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este lunes, en una audiencia en Washington, Rubén Darío Cuellar, director de la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, describió un panorama complejo donde la independencia judicial se encuentra gravemente afectada.
Uno de los factores que agravan la situación es el enfrentamiento entre dos facciones del partido gobernante, el Movimiento al Socialismo (MAS), lideradas por el expresidente Evo Morales y el actual mandatario Luis Arce. Morales ha pedido la renuncia de Arce, en medio de una creciente tensión debido a la imposibilidad legal de postularse nuevamente en 2025.
Cuellar destacó ante la CIDH cómo el abuso de poder y las violaciones de derechos humanos han impactado la justicia en Bolivia. La injerencia política y las presiones hacia jueces y fiscales son constantes, sobre todo en casos contra opositores. Esta instrumentalización de la justicia con fines políticos ha minado la confianza de la ciudadanía.
A pesar de los desafíos, las elecciones para elegir jueces fueron ratificadas para el 15 de diciembre, tras un acuerdo alcanzado por el Órgano Electoral y los partidos políticos. La semana pasada, el Tribunal Constitucional declaró desiertas las elecciones en algunos tribunales y departamentos por impugnaciones, lo que llevó a los actores políticos a llegar a un consenso para garantizar la continuidad del proceso.
José Antonio Rivera, exmagistrado del Tribunal Constitucional, explicó que el sistema judicial en Bolivia enfrenta dificultades que incluyen un presupuesto insuficiente y la falta de estabilidad laboral de los jueces, lo cual afecta su independencia y capacidad de cumplir con su rol en la defensa de la democracia.
La elección de jueces por sufragio universal ha sido fuertemente cuestionada por su incapacidad para cumplir con estándares de calidad y transparencia, generando inquietud tanto dentro como fuera de Bolivia sobre el futuro de su sistema judicial.
