El Gobierno de Perú ha puesto en marcha una mesa de trabajo interinstitucional de 60 días con el fin de impulsar la formalización de la pequeña minería y la minería artesanal. Este espacio busca además establecer las bases para una nueva legislación que regule de manera justa y eficaz estas actividades, muchas veces envueltas en conflictos legales y operativos.
La presidenta Dina Boluarte lideró la convocatoria a una reunión en Palacio de Gobierno con los principales representantes del Congreso, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, líderes gremiales del sector minero y representantes empresariales. El encuentro, celebrado el lunes, fue privado y marcó el inicio formal del diálogo.
El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, informó que la mesa celebrará su primera sesión oficial este viernes. También destacó que los acuerdos alcanzados contaron con respaldo unánime y que se trabajará en avanzar con los procesos de formalización en curso, proteger los derechos laborales de los mineros y redactar una ley que integre a todos los actores sociales y económicos.
A pesar del enfoque inclusivo, se generaron críticas por la ausencia del Ministerio Público, algo que fue señalado por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. En respuesta, la mandataria reafirmó su rechazo a la minería ilegal, señalando que esta actividad provoca serios daños ambientales y sociales. Además, negó cualquier intención de pactar con grupos ilegales vinculados a hechos de violencia.
