La Cámara de Diputados de Argentina no consiguió los votos necesarios para anular el veto del presidente Javier Milei a una ley que aseguraba la actualización presupuestaria de las universidades públicas en función de la inflación. Con este resultado, el mandatario ultraliberal mantiene su postura de ajuste fiscal, a pesar de las crecientes protestas por parte de la comunidad educativa y de la oposición.
El intento por revertir el veto presidencial contó con 160 votos a favor y 84 en contra, pero no alcanzó los dos tercios requeridos para invalidar la decisión del Ejecutivo. Otros 5 legisladores se abstuvieron, lo que permitió al oficialismo conservar su victoria legislativa en un momento de alta tensión social.
La medida original, aprobada en septiembre, pretendía ajustar los fondos asignados a las universidades públicas de acuerdo con el índice de inflación, una iniciativa que el gobierno de Milei calificó de inviable bajo su estrategia de equilibrio fiscal. La polémica desató multitudinarias manifestaciones de estudiantes y docentes, quienes consideran que el recorte pone en riesgo la calidad educativa y el acceso a la educación superior.
“Hoy, la discusión no solo era económica, sino también de poder. De no mantenerse el veto, se enviaría una señal negativa a los mercados”, afirmó el diputado Alejandro Finocchiaro, del partido PRO, uno de los principales aliados del presidente. La declaración refleja el desafío que enfrenta el gobierno para mantener la confianza de los inversores en un contexto de crisis económica.
La jornada en el Congreso estuvo marcada por la fuerte presencia de manifestantes que se congregaron frente al recinto para exigir la restitución de los fondos a las universidades. En su intervención durante el debate, Facundo Manes, diputado de la Unión Cívica Radical (UCR), defendió el financiamiento de la educación como un pilar fundamental para el país: “La educación pública es el corazón de nuestra identidad nacional. No es solo un derecho, sino la base de nuestra política económica del siglo XXI”.
El sector educativo ha sido uno de los más golpeados por los recortes presupuestarios del gobierno, junto con el área de salud y los programas de pensiones. De acuerdo con datos de la Universidad de Buenos Aires (UBA), los salarios de docentes y personal administrativo han perdido cerca del 40% de su poder adquisitivo desde diciembre pasado, debido a una inflación que supera el 200% anual.
La UBA, considerada una de las mejores 100 universidades del mundo según el ranking QS, se ha visto especialmente afectada por la falta de recursos. Con 110 carreras de grado, seis colegios secundarios y cinco hospitales bajo su administración, la universidad ha tenido que ajustar su funcionamiento para enfrentar el recorte de fondos en términos reales.
Con este resultado en la Cámara de Diputados, el gobierno de Milei logra un respaldo importante a su plan de ajuste fiscal, pero la controversia por el financiamiento de la educación pública amenaza con escalar y convertirse en un tema central del debate político y social en Argentina.
