Asunción (Paraguay) – Las calles y carreteras de Paraguay fueron escenario de intensas protestas este martes, encabezadas por comunidades indígenas y productores de caña de azúcar. Aunque se trató de movilizaciones separadas, ambas expresaron un mismo sentir: la exigencia de respuestas concretas por parte del Estado.
En la capital, Asunción, cientos de indígenas marcharon por segundo día consecutivo solicitando la compra y redistribución de tierras para sus comunidades. Además, pidieron la destitución de Juan Benegas, presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), tras la decisión de trasladar las oficinas centrales de la institución a sedes regionales.
Mario Rivarola, vocero de la Articulación Nacional Indígena por la Vida Digna (Anivid), señaló que de los cerca de 140,000 indígenas que viven en Paraguay, solo 20,000 cuentan con tierras propias. El resto continúa a la espera de una solución tras más de dos décadas de trámites. Entre sus reclamos también destacan la reapertura de la oficina del Indi en Asunción, el fin de los desalojos de comunidades y la instalación de una mesa de diálogo nacional.
Las movilizaciones se extendieron a rutas estratégicas, como la PY02 que conecta Asunción con Ciudad del Este, donde se reportaron cierres intermitentes de tráfico en al menos cinco puntos del país.
Por otra parte, los cañicultores del departamento de Guairá bloquearon por segundo día consecutivo la vía que los comunica con Caaguazú. Utilizaron camiones de carga para manifestarse contra los retrasos en la construcción de un circuito de molienda en la planta de etanol de la empresa estatal Petropar.
Cristian Fonseca, presidente de la Asociación de Cañicultores, explicó que la obra comenzó en 2022 y debía finalizar en 2023. Sin embargo, el proyecto continúa inconcluso, limitando la capacidad de procesamiento a 2,180 toneladas de caña por día, cuando con las mejoras prometidas debería alcanzar entre 3,000 y 5,000 toneladas diarias.
Las protestas, aunque desarrolladas por sectores distintos, reflejan la creciente presión social hacia el gobierno para que cumpla con compromisos pendientes y garantice derechos fundamentales a comunidades históricamente postergadas.
