Un reciente derrame de petróleo en Ecuador, provocado por la rotura de un oleoducto, ha causado el vertido de más de 25.000 barriles de crudo en los ríos de la provincia de Esmeraldas. Este incidente ha afectado severamente la calidad del agua, obligando a suspender temporalmente el suministro de agua potable en varias ciudades cercanas.
A doce días del desastre, Petroecuador, la empresa estatal a cargo del Sistema de Oleoductos Transecuatoriano (SOTE), informó que el volumen de petróleo derramado asciende a 25.116 barriles. La revelación de esta cifra se produjo después de que un medio digital filtrara un documento interno de la empresa con estos datos, lo que generó incertidumbre y especulaciones sobre la magnitud del desastre ambiental.
El derrame tuvo lugar en el municipio de Quinindé, en la provincia de Esmeraldas, y alcanzó el río Esmeraldas, lo que obligó a las autoridades locales a interrumpir el suministro de agua potable en varias zonas, incluida la capital provincial. El oleoducto, que transporta crudo desde la Amazonía ecuatoriana hasta la costa, quedó fuera de servicio durante seis días debido a la ruptura y a un deslizamiento de tierra que afectó la infraestructura. Durante este tiempo, se llevaron a cabo trabajos de reparación y la remoción de aproximadamente 225.000 metros cúbicos de tierra.
Si bien las autoridades inicialmente atribuyeron el derrame a un deslizamiento de tierra, la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, planteó la posibilidad de un sabotaje, aunque no presentó pruebas concretas para respaldar esta hipótesis.
En sus labores de contención y limpieza, Petroecuador informó que logró recuperar 30.257 barriles de crudo mezclado con agua, los cuales fueron trasladados a la Refinería de Esmeraldas para su tratamiento. También se implementaron diques de contención para evitar la expansión del derrame.
Las tareas de limpieza han incluido la remoción de petróleo de la vegetación y de las orillas de los ríos Caple, Viche y Esmeraldas, así como la limpieza de playas. Se han monitoreado las trazas de hidrocarburos y los troncos contaminados que llegan con la marea, con acciones en marcha para su eliminación.
La respuesta de emergencia también ha contemplado la entrega de 8.607 raciones de alimentos, tanques de almacenamiento de agua, pastillas de cloro y kits de purificación. Además, se han instalado brigadas médicas en las comunidades afectadas, mientras que en las zonas sin acceso a agua potable se han desplegado plantas potabilizadoras, distribuyéndose hasta el momento 4,2 millones de litros de agua.
El lunes, un equipo de la Oficina de Evaluación y Coordinación de Desastres de las Naciones Unidas llegó a Quito en respuesta a una solicitud del Gobierno ecuatoriano. La ONU estima que alrededor de 500.000 personas han sido afectadas por este desastre, alertando sobre un aumento en enfermedades respiratorias y gastrointestinales en la región, lo que representa un riesgo grave para grupos vulnerables como niños, ancianos y personas con condiciones preexistentes.
