Las calles de Bolivia fueron escenario de intensas protestas en rechazo al plan del presidente Luis Arce para la producción de carbonato de litio en colaboración con un consorcio chino y una empresa rusa. En Potosí, una de las regiones con mayores reservas del mineral, la población expresó su descontento con abucheos y silbidos, lo que obligó a suspender un evento informativo organizado por el gobierno.
En noviembre del año pasado, la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) firmó un contrato con el consorcio chino Hong Kong CBC para la construcción de dos plantas de producción de carbonato de litio con una inversión de 1.030 millones de dólares. Posteriormente, en septiembre, se concretó otro acuerdo con la empresa rusa Uranium One Group (UOG), subsidiaria de Rosatom, para la instalación de una tercera planta industrial.
Las tensiones aumentaron recientemente cuando una comisión de la Cámara de Diputados aprobó el contrato con la empresa china, lo que generó nuevas manifestaciones en contra del proyecto. El gobierno busca acelerar la industrialización del litio para mitigar la crisis económica tras la caída de las exportaciones de hidrocarburos.
El pasado lunes, una multitudinaria marcha en La Paz dejó en evidencia la preocupación de diversos sectores por estos contratos. Durante el encuentro suspendido en Potosí, funcionarios del gobierno intentaron explicar los alcances de los acuerdos, pero fueron interrumpidos constantemente por gritos y reclamos de los asistentes.
Entre las principales críticas al proyecto se señala la falta de permisos ambientales y la posible afectación al agua en una región con limitados recursos hídricos. Omar Alarcón, presidente de YLB, aseguró que mientras los contratos no sean aprobados, no se puede desarrollar un diseño de factibilidad ni tramitar las licencias ambientales.
Por otro lado, las autoridades han enfatizado que el Estado boliviano mantendrá el control total sobre la comercialización del litio. Sin embargo, persisten dudas sobre las regalías que recibirá el país. De acuerdo con la legislación vigente, la minería en Bolivia genera un 3 % en regalías, cifra que diversos sectores consideran insuficiente.
Las manifestaciones en Potosí reflejan el creciente descontento social ante un proyecto estratégico que, aunque promete desarrollo económico, aún enfrenta cuestionamientos ambientales y económicos que el gobierno deberá aclarar para lograr el consenso ciudadano.
