La Fiscalía de Ecuador inició una investigación oficial tras la explosión de un vehículo en el centro de Guayaquil, la ciudad más poblada del país. El estallido ocurrió cerca de un centro comercial y un edificio de oficinas relacionado con la familia del presidente Daniel Noboa, en una zona conocida por su intensa actividad económica.
Según los primeros reportes, el incidente dejó una persona fallecida y dos más con heridas. El Ministerio Público informó a través de su cuenta oficial en X que se ordenó el levantamiento del cuerpo, la revisión de cámaras de seguridad y la recolección de testimonios de testigos. La detonación se registró alrededor de las 18:30 hora local, luego de que una camioneta estacionada comenzara a incendiarse, lo que quedó grabado por sistemas de videovigilancia y teléfonos de transeúntes.
La onda expansiva dañó varios inmuebles cercanos, además de afectar vehículos y negocios de la zona. El jefe del Cuerpo de Bomberos de la ciudad, coronel Martín Cucalón, confirmó que la víctima mortal era un taxista y que los heridos recibieron atención médica de inmediato. Personal de emergencia evacuó el área y brindó asistencia psicológica a las personas que sufrieron crisis nerviosas tras el hecho.
Por su parte, Fernando Cornejo, presidente de la empresa municipal Segura, explicó que las cámaras permitieron seguir la ruta de dos vehículos sospechosos provenientes de la Cooperativa San Francisco, cercana al complejo penitenciario de la ciudad. Solo uno de ellos llegó a detonar.
El ministro del Interior, John Reimberg, calificó lo sucedido como un “acto terrorista” y confirmó que el segundo automóvil fue asegurado antes de que explotara. Las autoridades hallaron explosivos de fabricación profesional, descartando que se tratara de artefactos caseros. Reimberg pidió a la población mantenerse alejada del perímetro y aseguró que las fuerzas de seguridad trabajan para capturar a los responsables.
El gobernador de Guayas, Humberto Plaza, advirtió que el número de víctimas podría aumentar y aseguró que los autores serán perseguidos y llevados ante la justicia. Este hecho ocurre en un contexto de tensión nacional, en medio del “conflicto armado interno” declarado por el gobierno para enfrentar a grupos delictivos que han incrementado la violencia en el país.
