Un estremecedor caso ha puesto de nuevo en el centro del debate la violencia generada por la minería ilegal en Perú. Trece trabajadores fueron hallados sin vida dentro de un socavón en la región de Pataz, norte del país, luego de ser secuestrados y torturados, en un hecho que revela el control cada vez más violento de mafias vinculadas a esta actividad ilícita.
Mientras la minería legal representa cerca del 10 % del Producto Interno Bruto del país y recibió inversiones por casi 5.000 millones de dólares en 2024, la minería ilegal también maneja cifras multimillonarias, estimadas en hasta 3.000 millones anuales. El aumento del valor del oro, junto con la limitada presencia estatal en zonas estratégicas, ha permitido que esta actividad se extienda sin freno.
Desde la costa hasta la Amazonía, regiones como Puno y Madre de Dios han sido profundamente afectadas. En el sur, la minería ilegal ha arrasado miles de hectáreas de selva. En el norte, en zonas como Pataz, los enfrentamientos por el control de minas como La Poderosa han cobrado decenas de vidas.
El impacto no es solo ambiental. Se reportan casos de explotación laboral y sexual en campamentos mineros, además de conflictos con comunidades indígenas, corrupción de autoridades y uso indiscriminado de mercurio, que contamina agua y suelos. Solo en Madre de Dios, la minería ilegal ha destruido más de 100.000 hectáreas de bosque.
Aunque el gobierno declaró en emergencia la provincia de Pataz y desplegó fuerzas de seguridad, los resultados han sido limitados. Incluso durante operativos activos, ocurrieron hechos como el secuestro y asesinato de los 13 trabajadores, lo que demuestra la capacidad de estas mafias para operar con impunidad.
El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), diseñado para regularizar a los pequeños mineros, enfrenta duras críticas por sus múltiples prórrogas y por ser usado como un escudo legal por operadores ilegales. Ante esta situación, empresas como La Poderosa y diversos actores sociales demandan una respuesta articulada entre el Estado, el sector privado y la ciudadanía para frenar una violencia que amenaza con volverse irreversible.
