El lunes por la noche, la justicia peruana sentenció a 18 años de prisión al exmilitar Alberto Rivero Valdeavellano, acusado de ser el autor mediato de la desaparición forzada de un periodista y del asesinato de 60 campesinos en la región de Ayacucho. Estos crímenes ocurrieron en 1984, en plena época del conflicto armado interno que azotó al país durante dos décadas.
La jueza Miluska Cano, a cargo del caso, señaló que Rivero, quien en ese entonces era capitán de fragata y jefe de las operaciones de la Armada en la provincia de Huanta, deberá cumplir su condena desde el momento en que sea capturado, ya que no asistió a la lectura de la sentencia y actualmente se encuentra prófugo. Cano explicó que el exmilitar fue declarado culpable de cometer los asesinatos con alevosía, lo que agrava la naturaleza de los crímenes.
Los hechos juzgados se produjeron entre julio y agosto de 1984, cuando los militares llevaron a cabo una serie de ataques en la zona rural de Huanta. En uno de los episodios más violentos, seis campesinos de la Iglesia Evangélica Presbiteriana fueron ejecutados en la parte trasera del templo donde oraban. Los soldados dinamitaron los cuerpos, buscando eliminar cualquier evidencia de su brutalidad.
Otro caso destacado fue el del periodista Jaime Ayala, de 22 años, quien trabajaba para el diario La República y la radio local Huanta 2000. Ayala desapareció el 2 de agosto de 1984 tras ingresar al estadio de fútbol de Huanta, entonces utilizado como centro de tortura por la Armada. Según testigos, había acudido a reclamar por la irrupción de los militares en la casa de su madre la noche anterior, donde su hermano fue brutalmente agredido.
“La denuncia de violaciones a los derechos humanos que hacía Ayala se convirtió en un obstáculo para los intereses de las fuerzas armadas”, mencionó la jueza Cano durante la lectura del fallo. La desaparición del periodista marcó profundamente a su familia. Su esposa, Rosa Pallqui, quedó viuda a los 20 años y se quedó sola con su hijo de apenas cuatro meses. Durante el juicio, fue vista sosteniendo una fotografía en blanco y negro de su esposo frente a una máquina de escribir.
La sentencia también señala que Rivero ha negado repetidamente proporcionar información sobre el paradero de los restos de Ayala y de otros campesinos asesinados durante ese mismo período. Estas víctimas fueron acusadas, sin pruebas, de colaborar con Sendero Luminoso, el grupo insurgente que en ese entonces buscaba tomar el control del país mediante la violencia.
La Asociación Nacional de Periodistas de Perú emitió un comunicado en sus redes sociales donde subrayó que aún está pendiente la recuperación de los restos del periodista. “Solo entonces se podrá decir que se ha hecho justicia”, puntualizaron.
Entre 1980 y 2000, Perú se vio envuelto en un conflicto armado que enfrentó a las fuerzas de seguridad y los comités campesinos de autodefensa con grupos terroristas como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, más de 70,000 personas perdieron la vida, en su mayoría campesinos de habla quechua de la región andina y comunidades indígenas de la Amazonía.
