El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia ha iniciado una investigación formal sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro por presuntas irregularidades en los límites de financiación durante las elecciones de 2022. El mandatario ha reaccionado calificando la decisión como parte de un supuesto “golpe de Estado” en su contra.
La investigación también incluye a Ricardo Roa, quien fue gerente de la campaña y actualmente preside Ecopetrol, así como a María Lucy Soto Caro y Lucy Mogollón, ex tesoreras de la campaña, y Juan Carlos Lemus Gómez, quien ejerció como auditor. Además, la indagatoria se extiende a los partidos Movimiento Político Colombia Humana y Unión Patriótica, que respaldaron la candidatura de Petro.
La decisión fue tomada por la mayoría de la Sala Plena del CNE y busca esclarecer las denuncias de que la campaña excedió los límites de gasto establecidos por la ley electoral colombiana. “Se ha decidido abrir investigación y formular cargos a la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de la coalición Pacto Histórico, representada por Gustavo Petro y Ricardo Roa”, señaló el CNE en un comunicado oficial.
El presidente Petro, en respuesta, expresó a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter): “Ha comenzado el golpe de Estado”. En repetidas ocasiones, el mandatario ha denunciado que esta investigación es parte de una supuesta estrategia para desestabilizar su gobierno.
El CNE, sin embargo, no tiene la autoridad para destituir a un presidente. Solo un tribunal judicial podría imponer la pérdida del cargo si se demostrara una violación grave de las leyes electorales. La indagatoria se centra en el posible exceso de gastos por un total de 3.709 millones de pesos (unos 877,000 dólares) durante la primera vuelta y un desbordamiento de 5.355 millones de pesos (aproximadamente 1.27 millones de dólares) en la segunda vuelta.
Según el informe preliminar, se habrían omitido aportes de diversas organizaciones, incluidos 500 millones de pesos (118,000 dólares) provenientes del sindicato de profesores FECODE y otros 379 millones de pesos (90,000 dólares) del sindicato USO. También se identificaron irregularidades en un préstamo de 500 millones de pesos del partido de izquierda Polo Democrático Alternativo y en el registro de pagos a testigos electorales y gastos de propaganda.
Para la segunda vuelta, el informe detectó cinco nuevas inconsistencias, entre ellas la falta de reporte de pagos a testigos electorales y el uso de vuelos privados no declarados, lo que llevó a una supuesta violación del límite de gastos por un valor de 1,600 millones de pesos (unos 382,000 dólares).
Estas acusaciones se suman a un entorno político complicado para Gustavo Petro, quien no solo enfrenta la presión de esta investigación, sino que también lucha por conseguir la aprobación del presupuesto para 2025 y avanzar con reformas clave en un Congreso dominado por mayorías opositoras.
